Mari Carmen Pérez, la diputada y coordinadora provincial de IU Granada, ha solicitado a la Delegación de Empleo de la Junta que fije una reunión con representantes de otras administraciones de la provincia para elaborar un plan coordinado y así elaborar planes de prevención de riesgos laborales ante las continuas olas de calor. El objetivo es lograr implantar estos planes en las contratas y subcontratas que trabajan en las diferentes administraciones en labores tales como la limpieza y recogida de basura en la vía pública.

Según han recordado desde la formación, la normativa de empleo y seguridad laboral actual establece la obligatoriedad de que las empresas “diseñen planes de seguridad y hagan análisis de los riesgos que sufre la plantilla ante las olas de calor”. Ante la duda por parte de las administraciones de que las contratas y subcontratas tengan recogidas este tipo de incidencias dentro de los planes de seguridad, IU ha exigido una coordinación entre las administraciones y sindicatos “para evaluar qué empresas tienen trabajadores que estén afectados por olas de calor y, por tanto, sean proclives a sufrir posibles golpes de calor”.

Pérez ha subrayado que es “muy importante tener información sobre las empresas que tienen actualizadas sus planes de riesgos laborales y qué medidas ha adoptado”. Del mismo modo, ha apostado por “garantizar la flexibilidad de horarios cuando más intenso sea el calor”, “tenemos que evaluar el tipo de ropa que se usa, los descansos que hay que adoptar y las zonas de sombra que se habilitan para el mismo”. Los mecanismos de formación de los que disponga la empresa para actuar ante posibles episodios de golpes de calor entre los trabajadores también ha sido considerado como “vital” por la coordinadora provincial.

Por su parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Paco Puentedura, ha tildado de “imprescindible” la implicación de las administraciones en la defensa de la seguridad laboral de las y los trabajadores ya que, aunque las plantillas de contratas y subcontratas, “no sean de empleados públicos directos, sí son empleados que están prestando servicios públicos y cuyos máximos responsables son las administraciones”.

Puentedura no ha olvidado mencionar que los contratos públicos están sujetos a pliegos de condiciones laborales que tienen que garantizar la seguridad y salud de las y los empleados. “Los ayuntamientos no pueden mirar a otro lado, las administraciones provinciales tienen que implicarse y velar por la salud y seguridad y así evitar incidencias que puedan producir hechos graves como la desprotección de su vida”, ha zanjado.