La Audiencia de Granada, la Fiscalía y buena parte de los despachos de abogados de Granada se preparan estos días para la celebración de uno de los juicios más importantes de los últimos años, el Caso Serrallo, que sentará en el banquillo al exalcalde José Torres Hurtado, a casi todos los miembros de su gobierno, a altos cargos municipales y al empresario Roberto García Arrabal. Una de las tareas previas de todas las partes es asegurarse la comparecencia de sus testigos y entre ellos estaba citada la antigua secretaria general del Ayuntamiento de Granada, Mercedes López Domech. Pero su negativa a declarar en el juicio ha preocupado a algunas defensas, que la consideran "fundamental".

López Domech ha sido citada para que acuda a la sala de vistas el 19 de marzo, a instancias de la defensa de la exconcejal Isabel Nieto y otros cargos de Urbanismo, en calidad de testigo-perito para ratificar un controvertido informe que ella misma realizó sobre la legalidad de la discoteca del Serrallo cuando era secretaria general del Ayuntamiento de Granada, durante los largos años de gobierno del PP de Torres Hurtado. El documento tiene su polémica por el momento en que lo realizó: en 2016, cuando el asunto llevaba dos años en el juzgado.  

La funcionaria remitió un escrito a finales de 2019 a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial (que se encargará de juzgar este caso a partir del 3 de febrero) en el que explicaba su condición de investigada en el caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal. En esa causa comparte imputaciones con buena parte de los políticos y técnicos enjuiciados en el caso Serrallo. 

Pero el abogado de la defensa de Isabel Nieto y de otros tres antiguos altos cargos de Urbanismo, incluido Manuel Lorente, remitió a la Sala otro escrito de respuesta en el que reconocía la "incomodidad" de Mercedes López Domech para declarar como testigo; pero entiende que es "fundamental" para su defensa, y por eso se ha opuesto a la petición de quedar exenta de participar en el juicio.

La importancia de esta testigo para las defensas se basa en que fue la "máxima autoridad jurídica" del Ayuntamiento durante años y en que necesitan que ratifique el informe firmado por ella en 2016 sobre la legalidad del Serrallo. Además, en cuanto a su imputación en el caso Nazarí, el letrado de la defensa considera que "no cabe esperar hipotéticas represalias por parte del juzgado de instrucción". A su juicio, "ceder a un temor de tal índole en un asunto tan mediático y politizado como éste dejaría a las defensas en absoluta indefensión". 

La defensa de Nieto teme que la secretaria se niegue a declarar porque esté coartada por el actual gobierno municipal

La testigo propuesta señalaba su condición de funcionaria del Ayuntamiento de Granada, que en este caso es acusación particular. Teme, por tanto, que haya intereses encontrados. Pero la defensa de Nieto no ve problema en esa circunstancia, "a no ser que se encuentre coartada su libertad de expresarse por el equipo de gobierno municipal, en cuyo caso estaríamos en una situación de grave acoso que le impide ejercer su deber de colaborar con la justicia". 

La ex secretaria municipal es solo una de las 74 personas cuya declaración está prevista y fechada por la Audiencia Provincial desde que se estableció el guión de este juicio, que debe comenzar el próximo 3 de febrero y puede alargarse hasta casi Semana Santa. El 2 de abril está señalado el cierre de este proceso con la habitual última palabra de los 17 acusados.

De las 74 citadas, 32 lo son en calidad de testigos y 42 como peritos. La lista es larga y sobre todo hay técnicos, altos cargos municipales, policías de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal), trabajadores de las empresas de García Arrabal, empresarios como Enrique Legerén o arquitectos. También está prevista la comparecencia de antiguos cargos políticos como el primer concejal de Urbanismo del gobierno de Torres Hurtado, Luis Gerardo García-Royo, que acudirá para una declaración testifical-pericial. También deberá acudir otra antigua concejal, María del Carmen Sánchez Quevedo.

El ex concejal de Urbanismo Luis Gerardo García-Royo, testigo del juicio del Serrallo contra Torres Hurtado

Los primeros en declarar durante casi todo febrero serán los acusados y las testificales no se iniciarán hasta el 19 de febrero, si no hay un adelanto de las sesiones, dado que los magistrados han quedado liberados de otros asuntos. La Audiencia ha decidido desdoblar la Sección Segunda para que otros magistrados se encarguen del resto de señalamientos. 

Entre los primeros testigos estará el denunciante original de este caso, el funcionario de Urbanismo jubilado Juan Santiago Pineda; el hijo del acusado Manuel Lorente, que trabajó en las empresas del empresario García Arrabal; un alto cargo de la federación de promotores, el actual propietario del negocio de la discoteca del Serrallo (actualmente cerrada); el administrador concursal de la empresa 683 Upper Club, que emprendió esa actividad; así como otros socios de ese misma mercantil. 

Juicio del caso Serrallo: la secretaria que no quería declarar

Entre los peritos citados hay algunos nombres clave. El primero, reclamado por la Fiscalía, es Jacobo de la Rosa, para cuya declaración se han previsto dos días (3 y 4 de marzo). Se trata del antiguo director de Urbanismo y su declaración en instrucción fue clave para este caso y para la apertura de la macrocausa Nazarí. Cuando aún tenía este cargo en el Ayuntamiento, firmó un informe contra la obra del Serrallo y lo hizo llegar a su superior, que era la concejal Isabel Nieto. 

También es importante la declaración pericial, para ratificar sus informes, de los tres inspectores de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta que han prestado auxilio judicial para emitir informes sobre legalidad urbanística en las actuaciones.

Otra declaración pericial relevante será la del catedrático de la Universidad de Granada, Estanislao Arana, autor de varios informes para las empresas de García Arrabal y que en este caso hizo una pericial encargada y pagada por el Ayuntamiento de la ciudad cuando el PP aún estaba en el poder. Su trabajo y su criterio es favorable a las defensas.