La Consejería de Justicia de la Junta defiende la gestión que realiza la administración autonómica en los puntos de encuentro familiar (PEF) tras la denuncia de Unidas Podemos sobre el funcionamiento del punto de Granada y el sistema de gestión mediante concesión en lugar de prestarse como servicio público por parte de profesionales propios de la Junta, como reclama la coalición.

Desde la Junta defienden que este sistema de concurso y concesión para el funcionamiento de los puntos de encuentro de su competencia en Andalucía y en Granada se lleva haciendo así años y se trata de adjudicaciones a "entidades especializadas". Además, aseguran que realizan seguimiento de su funcionamiento y que cualquier queja es estudiada, matizan fuentes de la Consejería.

"No se concede solo con criterio económico sino que las empresas tienen que presentar sus proyectos y se valoran, al igual que el personal, que tiene que tener una titulación relacionada y se exige además formación complementaria en violencia de género", explican desde la Consejería tras la denuncia de la concejal de UP en Granada Elisa Cabrerizo, que lamenta que este sistema 'mercantil' no es el mejor para llevar el funcionamiento de estos puntos de encuentro. 

El punto de encuentro de Granada, de hecho, se encuentra en valoración para la adjudicación y se tienen en cuenta programas específicos, de menores víctimas, normalización de las relaciones,...

Justicia asegura que si se producen quejas, que no niegan por la dificultad de los casos, se revisan los procedimientos pero aclara que la función de los puntos de encuentro es intentar que se ejecuten sentencias, que se cumplan, y que realizan informes que remiten al juzgado sobre ese cumplimiento de sentencias.

La Consejería se muestra abierta a mejorar la situación dada la delicadeza del servicio, que recibe a familias derivadas de los juzgados y que se considera un servicio temporal.