Política municipal

El tiempo de Luis Salvador se agota: entre la moción de censura y la disolución del Ayuntamiento de Granada

La concentración para pedir un nuevo gobierno municipal en Granada.

La concentración para pedir un nuevo gobierno municipal en Granada. / Jesús Jiménez / Photographerssports

El 15 de junio del 2019, unas horas antes de que Granada se vistiese de largo para darle el pistoletazo de salida al Corpus, el último celebrado en plenitud, la Plaza del Carmen se engalanaba presa de los nervios por saber qué iba a ocurrir aquella mañana en el Salón de Plenos y cuyo resultado de sobra es sabido a día de hoy. Dos años después, esa misma sensación de inquietud recorría desde primera hora de este martes la capital granadina y por partida doble... O triple, mejor dicho. Por un lado, porque el futuro de la provincia se presentaba a la Selectividad (la PEvAU) -ay, pobre de esos estudiantes si la política local fuera tema de examen-; por otro, por lo que pueda ocurrir el jueves en Lugo, donde una victoria granadina devolvería a la ciudad a la élite del baloncesto español; y por último, por lo que acabará ocurriendo en el Ayuntamiento sobre el que ya planeaba una moción de censura y ahora también la posibilidad de volver a votar, por difícil que parezca, tal y como anunció Vox. Y es que eso solo ha ocurrido una vez en la historia de la democracia.

En el año 2006, Marbella vivió uno de los mayores escándalos políticos conocidos. La famosa Operación Malaya, por la que la entonces alcaldesa y la primera teniente de alcalde acabaron en prisión, entre otros, por corrupción urbanística, desembocó en la puesta en marcha del artículo 61.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985: la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de unas elecciones municipales parciales. A diferencia de lo que ocurre a nivel autonómico o nacional, a nivel local no puede haber un adelanto electoral, salvo a través de dicho artículo cuando se produzca una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales".

Para su puesta en marcha, la Junta de Andalucía, tras ser aprobado en Consejo de Gobierno, tendría que pedir al Gobierno central que inicie los trámites para disolver los órganos de la corporación local; el Ejecutivo tendría que aprobarlo en un Consejo de Ministros, que luego pasaría al Senado para que la Cámara Alta diese o no luz verde a la disolución de ese Ayuntamiento. Tras ello, en un plazo de tres meses, se celebrarían unas elecciones municipales parciales, lo cual daría lugar a una nueva corporación municipal hasta que finalice el actual mandato, que en el caso de Granada sería hasta 2023. Eso, precisamente, es lo que ha comenzado a activar Vox según anunció la diputada por Granada en el Congreso, Macarena Olona, que tildó a la capital de estar "secuestrada".

"Es evidente que alguien tiene secuestrado al Ayuntamiento y el secuestrador se llama Luis Salvador. Está acaparando todos los puestos con únicamente un concejal más en una gran población, lo que lleva a una total parálisis de la gestión", manifestó Olona, que estuvo acompañada por la plana mayor de la formación a nivel andaluz durante una comparecencia para la que se desplazó hasta el corazón de la polémica: el Ayuntamiento de la capital granadina.

"Es una situación legal para frenar la parálisis municipal", aseguró la diputada de Vox, para después pedir "sentido de Estado" a los demás partidos políticos, pero sobre todo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien la misma tarde de este martes se le trasladaría dicha acción, la cual no le quedará más remedio que abordar. Y es que tal y como explicó el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, la formación ha registrado en la Cámara Andaluza dos Proposiciones No de Ley (PNL) que serán debatidas tanto en Pleno, como en Comisión, así como otras dos preguntas orales en Pleno, además de elevar un "derecho de petición" para que sea tratado por el Gobierno andaluz. Es decir, que el Consejo de Gobierno de la Junta tendrá que abordar si se eleva la petición al Ejecutivo central.

Aquí entra en juego la circunstancia de la Junta de Andalucía está gobernada, como se sabe, por un bipartito formado, precisamente, por PP y Cs, los dos que conformaban el equipo de gobierno municipal de Granada, hasta que se produjo la dimisión en bloque de todos los ediles populares y de dos de los naranjas, que dejaron a Luis Salvador gobernando en soledad con un único concejal, ahora teniente de alcalde, José Antonio Huertas. Por tanto, el choque de intereses, dado que las direcciones nacional y autonómica de Cs han mostrado su respaldo al actual regidor, es más que evidente. Este mismo martes, el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, acusaba al PP de "partidismo" en el Ayuntamiento de Granada.

"No se pueden adoptar decisiones siguiendo un interés puramente partidista de ocupar un sillón" en una ciudad donde hay "un Gobierno que funciona" y con cuya gestión "la gente está satisfecha", dijo Bal, que instó además a los populares a que "exhiban el papel" con el compromiso de que se efectuara un 2+2: "En otros municipios, cuando se ha llegado a ese compromiso, han firmado un papel las directivas nacionales" de los dos partidos, dijo.

Y ante este choque de posturas, Vox no ha dudado en pedir un adelanto electoral en Andalucía, que avalaría además a Juanma Moreno a impulsar y elevar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento granadino. "La ruptura del gobierno en Granada es un elemento más desestabilizador" del bipartito, manifestó Gavira.

Con esto ya planeando sobre el Ayuntamiento de Granada, Salvador, que 24 horas antes reconocía que la situación actual no puede continuar y que se resolverá "en unas semanas", tras el urgimiento recibido por el líder andaluz de su partido, Juan Marín, para "formar gobierno o habrá que ver otras salidas", anunció estar abierto a "todo tipo de fórmulas" para dar mayor estabilidad al Ayuntamiento, lo que incluye sentarse con todos los partidos, pese a que lo "deseable" sería el regreso de los ediles de la coalición que dejaron sus funciones regresen.

Todo ello coincide además con que parte de la ciudadanía, ya cansada de este circo político, como se llegaba a tildar en las redes, salió a concentrarse la tarde de este martes a las puertas de la casa consistorial para exigir "un gobierno digno", una convocatoria impulsada por la plataforma 'Juntos por Granada', con la que el alcalde tratará de reunirse, según dijo, para "escucharles y analizar sosegadamente sus propuestas".

De este modo, la situación de alcalde cada vez es más límite, cuando tanto a la derecha, con la propuesta de Vox, como la izquierda, con la posible moción de censura por parte del PSOE y que pudiera salir adelante si contase con el apoyo por Unidas Podemos y el voto de Sebastián Pérez, el cual no se bloquearía por el Pacto Antitransfuguismo, pues sería lícito al no ser del mismo grupo municipal que el alcalde -así lo indican informes del PSOE- se está viendo cada vez más acorralado.

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