La Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada han destapada una trama de fraude a la Seguridad Social, centralizada en el sector agrícola, que ha alcanzado nivel nacional. En concreto, se trata de la investigación de una serie de estafas ­que superarían el millón de euros­ para tener acceso a prestaciones sociales por desempleo, así como de una red de falsificación de la regularización de extranjeros a través de contratos de trabajo fraudulentos.

Todo se inició hace año y medio cuando una de las oficinas de la Seguridad Social de Granada trasladó a la central provincial una posible irregularidad en las solicitudes de prestaciones sociales por desempleo. En concreto, se trataba de peticiones para cobrar el subsidio agrario por el que se recibe la cuantía de 426 euros al mes durante un periodo de seis meses al año, más la cotización a la seguridad social. Numerosos extranjeros ­en su mayoría de nacionalidad marroquí­ comenzaron a solicitar este subsidio para el que acreditaban exactamente 35 peonadas realizadas (se trata del mínimo de jornadas trabajadas en el campo para que aquellos trabajadores eventuales agrario puedan recibir la prestación). Poco a poco, funcionarios de la Seguridad Social comenzaron a comprobar que todos los contratos llevaban la firma de una misma empresa de la zona Norte de la provincia, cuya actividad principal no era la producción agraria, lo que hizo levantar la sospecha de que podría tratarse de un fraude. Ante ello, se comenzó a preguntar a algunos de los solicitantes cuáles eran o dónde estaban las tierras en las que habían trabajado, cuestión que no obtenía respuesta alguna por parte de los implicados. Posteriormente, las personas que iban a demandar esta prestación comenzaron a presentar las peonadas firmadas por una serie de extrañas empresas que carecían de documentos sobre su existencia o dirección, algo que hizo crecer la creencia de que podrían estar siendo falseadas. La sospecha fue puesta en manos de la central de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional que inició una investigación al respecto, en la que se comprobó que este fraude se habría efectuado en un total de 15 provincias españolas (cinco de ellas andaluzas), entre las que destacaría Granada. En concreto, se investigan dos delitos: uno de falsedad de peonadas  por parte de empresas para optar a las prestaciones sociales por desempleo; y otro por falsificar documentos en la regularización de extranjería, de algunas de las personas que querían optar a esta prestación.

Según ha podido saber Granada Hoy, el grueso de este fraude en Granada habría corrido a cargo de una misma empresa de la zona norte, que a su vez habría creado empresas ficticias para dar de alta las peonadas , lo que propició que más de una treintena de personas hayan sido citadas a declarar en la provincia, en el marco de esta operación. Para llevarla a cabo, agentes de la UCRIF se desplazaron este lunes hasta aquellos puntos en los que se tiene constancia de la ejecución de este tipo de delitos. En Granada, destacaron los municipios de Baza o Huéscar, donde se ha comprobado que en los cuarteles de la Guardia Civil de ambas localidades hay furgones y coches de la Policía Nacional, ya que ha sido en estos lugares donde han declarado los investigados. Desde primera hora del lunes, estas personas pasaron por las dependencias de la Guardia Civil en calidad de investigados. Tras ello, fueron puestos en libertad con cargos, acusados de estos delitos. La estafa consistía en lo siguiente: se llegaba a un acuerdo por el que la empresa firmaba las peonadas  de estas personas, las cuales, una vez cobrado el subsidio, derivaban una parte del dinero a dichas entidades, con el fin de obtener riqueza. familias, "eso no justifica estas actuaciones, las cuales deben ser perseguidas". Asimismo, el regidor confirmó que esta situación ha sido "muy sorpresiva porque la agricultura está relacionada con la economía local, pero nunca hubiéramos esperado esto".

Fernández hizo hincapié en que "no había sensación en el municipio de que esto pudiese estar pasando", además de expresar su confianza en que "se aclare todo y que no se produzcan más hechos de este tipo, que son desagradables para cualquier municipio". Por su parte, el alcalde de Huéscar, José García Giralte, indicó que en este municipio "no hay ningún sentimiento general" al respecto. La zona norte de la provincia ha sido la que ha presentado más estafas de este tipo El regidor indicó a este periódico que tuvo conocimiento de la noticia "porque algún vecino ha informado al Ayuntamiento de que se le ha abierto un expediente administrativo sancionador desde el Inem, con motivo de unas peonadas  falsas, pero solo eso".

García Giralte indicó que "nos suena que existe un procedimiento, porque al parecer hay unas jornadas de un empresario o presunto empresario que puede ser de aquí, que habría llevado a algunos vecinos a declarar por este proceso". Asimismo, el alcalde insistió en que estas personas tan sólo habrían sido llamadas a declarar y "no detenidas, porque detenciones no ha habido, ya que estas incidencias habrían sido trasladadas a la Policía Local, y no hay ninguna en este sentido".