Aplicar en Granada la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es el cometido principal que tiene en cartera el área de Movilidad del Ayuntamiento. Un proyecto en el que llevan trabajando ya tres corporaciones (la de PP-Cs, la de PSOE y ahora PP) y que a la Concejalía que ahora dirige Ana Agudo le toca implementar para cumplir plazos y llegar a los objetivos del Gobierno. Algo que, ya avisan, será imposible y obligará a pedir una prórroga de un año que llevaría la implantación de la ZBE a finales de 2024. 

Lo más inmediato por parte de la nueva corporación va a ser elaborar un informe para replantearla y sobre todo "fundamentar" cada medida que se decida y plantear otras nuevas que afecten no solo la 'almendra central' en la que se acotará el tráfico. Según ha explicado a este periódico la concejala de Movilidad, Ana Agudo, lo que actualmente hay de medidas a aplicar para constituir una Zona de Bajas Emisiones en Granada "no coincide exactamente con lo que tendría que ser un proyecto como pide la ley de Cambio Climático, las regulaciones que te dicen cómo aplicarlo. Una cosa es pedir dinero y otra hacer el proyecto marco que te permita aplicar la Zona de Bajas Emisiones".

Y según advierte la concejal, eso no se había hecho por parte de la anterior corporación. "La regulación de diciembre de 2022 empieza a meterse en cómo desarrollarlo. Ellos piden desarrollar un proyecto que parte de un análisis de calidad del aire, que es lo que viene a resolver. Ese análisis inicial con cómo luego vamos a atajarlo, indicar cuál es tu expectativa con cada medida a aplicar, eso no se ha hecho". Así, asegura que habrá que justificar incluso que la almendra central ya delimitada (de 4,3 kilómetros cuadrados y un perímetro de 14.924 metros) es la zona oportuna y las actuaciones previstas en ella.  

"Hemos empezado a elaborar ese informe. Estoy esperando un avance para finales de mes desde Medio Ambiente y a partir de ahí plantear y replantear opciones. Y van a ser diversas y no solo para el tráfico rodado ya que se sabe, por ejemplo, que mucho problema viene del tráfico del Área Metropolitana. Igual hay que hacer otros proyectos", explica la concejala, que tiene claro respecto a la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones que "hay que ser analíticos en lo que está pasando y decidir qué medidas van a tener un impacto real. No solo la almendra, a lo mejor hay otras medidas que tienen más sentido", adelanta. 

En definitiva, revisar y fundamentar todo lo que se decida para ver que "cubre las expectativas" en cuanto a mejora de la calidad del aire, algo que puede parecer intangible pero que Agudo quiere que esté "bien sustentado". "Es lo que creo que tiene sentido. Cualquier medida, sobre todo las restrictivas, tienen sus consecuencias para bien y para mal y hay que ver los impactos y su balance", argumenta. Ahí, por ejemplo, está el ver el impacto de la restricción de accesos para vecinos, residentes, visitantes, cómo se hará con los aparcamientos, los parking, quién podrá entrar y quién no....

No obstante, hay proyectos, por ejemplo los de sensorización de aparcamientos, que serán positivos sea cual sea la ZBE porque mejorarán la carga y descarga y también hay líneas de mejora del transporte público que serán buenas independientemente de lo que quede al final, por lo que la mayor revisión y justificación será de las medidas que vayan a suponer una restricción, es decir, de la prohibición de acceso a esa almendra central o las limitaciones de circulación por vías y carriles reservados.

Mapa con la instalación de las cámaras para el control de accesos a la 'almendra central'.

"Tiene que estar todo muy justificado, el por qué y el cómo. Y quiero que también sea un ejercicio consensuado con los diferentes agentes, abrirlo a la participación. Vamos a ir paso a paso y hay que contrastarlo todo", ha resumido la concejal.

Mientras, se sigue avanzando contra el cronómetro en el desarrollo de los proyectos ya licitados y en la tramitación de otros ya que quedan tres proyectos por desarrollar dentro de la línea de ayudas europeas para la implantación de la ZBE y la fecha para implementarlos terminaba a finales de 2023, por lo que habrá que pedir una prórroga de un año más ya que el Ayuntamiento de Granada se podría exponer "al reintegro" de las ayudas ya recibidas, de ahí que se esté actuando con "máxima celeridad" en sacar los contratos de los últimos tres proyectos aunque hay ya otros incluso adjudicados que en sus plazos de ejecución y finalización exceden esa fecha de final de año. 

El Ayuntamiento tendrá que buscar 800.000 euros de financiación

Granada solicitó ayudas para cuatro líneas de actuación a la Orden del 2021 que aprobaba ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco de los Next Generation. Se pidieron 14,9 millones, de los que se concedieron 10,5, por lo que el resto (4,4 millones de euros) tendría que ser aportado por el Ayuntamiento. 

Las cámaras de control de accesos están instaladas.

Las cuatro actuaciones objeto de subvención son: Sistema de Ayuda a la Explotación del transporte público (6,9 millones de subvención aunque finalmente ha bajado a 5,7 y que tendrá una aportación municipal de 1,9 millones); Zona de Bajas Emisiones (2,8 millones de Next Generation y 970.727 euros de aportación municipal); adquisición de autobuses eléctricos (400.000 euros de fondos europeos y 955.200 del Ayuntamiento) y Puntos de carga (364.500, que finalmente ha quedado en 117.488 de Europa y 40.468 del Ayuntamiento). 

En la financiación municipal también se ha encontrado un escollo ya que en un informe del estado de aplicación de los proyectos de movilidad asociados a los fondos Next Generation, fechado en julio de este año, se advierte desde Contratación e Intervención que la capital tendrá que buscar financiación para unos 800.000 euros de los últimos proyectos que se van a tramitar ahora de forma urgente "al no haberlo contemplado anteriormente".

Las ayudas marcaban una serie de hitos a cumplir para recibir la subvención obligando a un grado de ejecución determinado. 

Según el informe, la solicitud de modificación de crédito para dotar económicamente las aplicaciones presupuestarias asociadas a los fondos se hizo en noviembre de 2022 y una segunda vez en marzo de 2023, por lo que se entiende que tanto la parte subvencionable como la parte a financiar por parte del Ayuntamiento "debiera estar cubierta". "Sin embargo, desde Contratación e Intervención se nos informa que estos últimos proyectos [los tres que quedaban de la ZBE y el de digitalización del SAE] no pueden tramitarse (iniciar el proceso de licitación) porque las aplicaciones presupuestarias asociadas no cuentan con la parte de financiación que debe aportar el Ayuntamiento". 

Ante esto, se celebró una reunión con Intervención "para intentar solucionar este asunto" y se decidió que, como "el inicio de la licitación es urgente" (de hecho en la última junta de gobierno local han salido ya los expedientes), se financiará con crédito a futuros, es decir, con cargo a 2024, lo que permite iniciar los expedientes paralizados. "Y paralelamente el Ayuntamiento deberá buscar dicha financiación". El importe total de estos proyectos asciende a 2,9 millones, de cuales 764.235 euros corresponden a aportación municipal "para la que habrá que buscar financiación al no haberlo contemplado anteriormente", recoge el informe del subdirector de Movilidad y Seguridad vial.

¿Cuáles son los proyectos ya en marcha y los que quedan?

Según la concejala, desde que se pidieron las ayudas (con el gobierno municipal del PSOE) se han ido desarrollando los diferentes expedientes de los proyectos. "El problema es que los proyectos tienen que estar ejecutados a 31 de diciembre de este año. Quedaban varios sin tramitar y hay otros ejecutando pero no llegamos a diciembre", ha asegurado, de ahí la prórroga necesaria para no perder las ayudas. 

La flota de autobuses espera dos nuevos vehículos eléctricos.

En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, ya están tramitados en una primera fase tres proyectos (1, 2 y 3) consistentes en la mejora del sistema de control de accesos y carriles reservados dentro de la ZBE (las cámaras), con un plazo de ejecución de 8 meses; la implementación de la propia zona y la mejora de los sistemas de regulación del tráfico, con una ejecución de diez meses; y la implantación de señalización en tiempo real de plazas de aparcamiento en superficie, con un plazo de ejecución de tres meses. "De todos estos proyectos, a fecha del informe, se había terminado la fase de licitación y ya han quedado adjudicados y firmados los correspondientes contratos y actualmente estamos en fase de ejecución de los mismos", indica el documento. 

Además, se ha abordado la redacción para su tramitación el resto de proyectos hasta completar el 100% de las actuaciones. En lo que se refiere a Zona de Bajas Emisiones, se ha sacado a licitación de urgencia la aplicación informática para gestionar la base de datos de los vehículos que estarán autorizados a entrar en la ZBE y la sensorización de plazas de aparcamiento, lo que eran los proyectos 4 y 5. Según la concejal de Movilidad, aún queda un último proyecto, el 6, que falta por sacar los pliegos, lo que se espera ahora en el mes de septiembre ya que se están ultimando. "Quedaban tres proyectos que ni siquiera estaban licitados, por lo que vamos a tener que pedir la prórroga para todo porque no están ejecutados ni se llega a la fecha", insiste

Quedaba también pendiente el proyecto de digitalización en la actuación relativa al Servicio de Ayuda a la explotación. 

Además del proyecto de Zona de Bajas Emisiones ya expuesto, se pidió ayuda para un sistema de ayuda a la explotación (SAE), junto con un sistema de venta y validación Ticketing-SVV y un sistema de información en parada SIP, que se implementa con un conjunto de elementos tecnológicos innovadores como pupitres, SIP, validadoras, acceso universal PMR, cuentapersonas, control de aforo, videovigilancia, ecodriving, sistema de planificación Goal, Códice, etc. En una primera fase se licitaron cuatro proyectos: el suministro para sustitución y ampliación MCAs Y CTCs, con un plazo de ejecución de 20 meses; la instalación de rampas manuales, con una ejecución de 20 meses; instalación de puntos de información en paradas, con otros 20 meses; y el sistema de contaje de pasajeros embarcados, con una ejecución de 10 meses. A julio de este año, todos los proyectos estaban licitados, adjudicados y contratados.

Además de estos cuatro proyectos para el SAE, existe otro por 2,1 millones asociado a los fondos Next adjudicado directamente por la concesionaria Alsa y que cuenta también con fondos del Consorcio. Como las pruebas de los equipos continuaban a principios de verano, se pidió una ampliación de plazo de ejecución al consorcio hasta este mes de septiembre.

Otra línea para la que se pidieron ayudas fue para la adquisición de dos autobuses eléctricos cero emisiones de 12 metros y mínimo impacto sonoro, con una ejecución de 11 meses. A principios de verano estaba terminada la licitación, adjudicado y firmado el contrato y se está a la espera de que se suministre el vehículo, algo que Movilidad no espera hasta 2024.

Asociado a esta, la última línea de ayudas era para la instalación de dos puntos de recarga en la estación de autobuses para la carga de los autobuses eléctricos, con una ejecución de 9 meses y que está en fase de ejecución. Este último proyecto finalmente tendrá menor coste del solicitado ya que se pidieron 364.500 euros y está adjudicado por 157.957.