La lucha contra los pisos clandestinos centró ayer la quinta mesa contra la competencia desleal convocada por la Federación Provincial de Hostelería y Turismo y que contó con la presencia de representantes de todas las administraciones. En su intervención posterior, el presidente de la citada federación, Trinitario Betoret, remarcó la necesidad de declarar como actividad económica las viviendas de uso turístico para favorecer que administraciones como el Gobierno, la Junta de Andalucía o los ayuntamientos puedan perseguir con mayor facilidad los pisos clandestinos, una actividad que queda enmascarada bajo la etiqueta de economía colaborativa propicia un auténtico "fraude fiscal y laboral", según relató Betoret.

El encuentro sirvió para establecer las líneas de actuación presentes y futuras que pasan, fundamentalmente, por incrementar el control por parte de la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Policía para destapar el fraude de las más de 17.000 plazas que podría haber en la provincia. Un mayor control permitirá además facilitar la labor de las fuerzas de seguridad teniendo en cuenta que, además, en los pisos clandestinos, no se identifica a los usuarios, un hecho que podría mermar la seguridad teniendo en cuenta que, gracias a estas identificaciones, la Policía Nacional ha detenido a 61 personas.

El presidente de la patronal esbozó las cuatro líneas de actuación que más preocupan en estos momentos. Se trata de las acampadas ilegales, los free tours, la reventa de entradas de la Alhambra y los pisos turísticos. Betoret remarcó que la "excelente colaboración entre instituciones y la fluidez en la información" va a permitir acometer los problemas y emprender acciones con un doble objetivo; generar empleo y riqueza. "Esto provocará una mayor rentabilidad y una posición más fuerte".

Betoret, que considera imposible cuantificar el número de viviendas que desarrollan su actividad de forma ilegal, detalló que podrían ser entre 8.000 y 17.000 plazas en que sólo 1.600 estarían dadas de alta de manera oficial.

Respecto a los free tours, Betoret detalló que es necesaria una mayor implicación de la Policía Local ante una actividad que puede estar amparada por una empresa legal pero que tiene prácticas cuestionables a la hora de explicar el patrimonio y la historia de Granada . Pero sobre todo, cuestionó la gratuidad del servicio teniendo en cuenta que los trabajadores, al finalizar, ponen la mano para pedir propinas. "¿Quién contabiliza el dinero que se ingresa por estos tours?", se preguntó Betoret.

Respecto a las acampadas ilegales la Policía Local ya trabaja para erradicarlas. No obstante, detalló que el Patronato de Turismo está llevando a cabo un análisis para detectar en los municipios posibles zonas de autocaravaning y analizar las necesidades que puede tener este sector en alza en Europa". Por otra parte, exigió un mayor control sobre la reventa de entradas de la Alhambra para que no existan agencias que se dediquen exclusivamente a ello.