La empresa del centro comercial Nevada Shopping ha pedido al juzgado granadino que lleva el pleito contra la Junta de Andalucía que obligue a esta administración a pagar un 2% adicional de intereses de demora sobre la indemnización de 165,6 millones de euros que ya ha sido abonada.

La Junta de Andalucía tardó 6 meses en consignar en la cuenta judicial el pago de la condena, un plazo que comenzó a contar el 13 de junio de 2018, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada notificó la firmeza de la resolución.

En ese pago efectuado en diciembre pasado, que alcanzó los 168,2 millones de euros, la Junta incluyó 2,6 millones de euros adicionales que, según los cálculos previos de la Administración autonómica, correpondían por los intereses de demora de los seis meses transcurridos, al tipo legal vigente, que era el 3%.

General de Galerías Comerciales SA, la empresa de Tomás Olivo que promovió el Centro Comercial Nevada y que tuvo paralizadas las obras durante 8 años debido a un pleito con la Junta sobre la legalidad de la licencia de obras, ya ha cobrado los 165,6 millones de euros de capital principal correspondientes a la cantidad fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)en 2017.

La mercantil no sólo pretende cobrar los 2,6 millones adicionales de intereses que la Junta depositó en la cuenta del Juzgado, sino que ha pedido que esa cantidad se incremente en un 2% más del principal por supuesta “falta de diligencia” en el pago por parte de la Junta de Andalucía, una posibilidad que aparece en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para casos en los que se acredite falta de voluntad de hacer frente al pago de una sentencia por parte de la Administración condenada. Este porcentaje adicional podría suponer el pago de otros 1,5 millones de euros de las arcas públicas que irían a parar a la cuenta del empresario murciano.

Ya hay 2,6 millones de intereses en la cuenta del Juzgado a la espera de que la jueza resuelva

La petición choca con otra reclamación de la propia Junta de Andalucía al Juzgado, que no sólo rechaza ese incremento porcentual del 2%, sino que aporta un nuevo cálculo de los intereses abonados y pide la devolución de entre 123.000 y 235.000 euros, en función de la variable que se tenga en cuenta en la cuenta del recargo.

En su artículo 106, la Ley antes citada recoge que “ transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento”. A esto se aferra la empresa promotora para reclamar ese dinero adicional.

La Junta esgrime ante el Juzgado que en los seis meses transcurridos desde la notificación de la sentencia firme hasta el día del desembolso ni siquiera dio tiempo a que llegara a esta Administración el traslado de esa ejecución forzosa de la sentencia, que había instado General de Galerías Comerciales.

La misma ley también establece una posible flexibilidad en el pago en algunos casos de cantidades que supongan un problema grande: “Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del juez o tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquélla”. En este caso la Junta llegó a pagar antes de presentar esta petición especial.

La Junta de Andalucía fue condenada a pagar 157 millones de euros en julio de 2016 por el mismo Juzgado de lo Contencioso de Granada que ahora tiene que resolver estos flecos de los intereses de demora. Casi un año más tarde, el TSJA confirmó esa sanción y la aumentó hasta alcanzar los 165,6 millones de euros. El recurso al Tribunal Supremo fue también infructuoso para la Administración pública en 2018, lo que supuso el final de la vía ordinaria para seguir litigando.

En ese momento, junio de 2018, la sentencia fue declarada firme y la Junta estaba abocada a pagar. A pesar de eso, la propia presidenta autonómica en ese momento, Susana Díaz, anunció que llegarían hasta el Tribunal Constitucional, un recurso que no paraliza la ejecución de la sentencia y por eso el Gobierno andaluz hizo efectivo el pago en diciembre pasado.