El Partido Popular de Granada ha logrado incluir una pregunta en el orden del día de la próxima Comisión de Educación del Parlamento andaluz sobre la actuación de Carmen García Raya en la supuesta colocación irregular de su hijo para que sea la titular de Educación en Andalucía, Teresa Jiménez, la que responda por este caso. "Vamos a pedir al Parlamento de Andalucía que abra una investigación oficial sobre este asunto", dijo ayer el vicepresidente ejecutivo del PP, Antonio Ayllón. Para esta formación, la consejera debe responder sobre el proceso de plazas sobrevenidas "y vamos a pedirle que llegue hasta el final del caso".

Una semana ha tardado el Partido Popular en pedir responsabilidades por la colocación irregular del hijo de la portavoz socialista en Granada, Carmen García Raya, para "dar tiempo a la ex delegada de Educación y a su partido de demostrar con documentos su versión sobre los hechos". Y, según el vicepresidente ejecutivo del PP en la capital, ante la falta de explicaciones su formación ha abierto una investigación que aclare las circunstancias que rodearon la colocación de Ramón Gonzalo Rodríguez García como profesor bilingüe en el instituto Fray Luis de Granada.

Sin embargo, la intervención de los populares no se ha quedado ahí. Ayer Antonio Ayllón pidió responsabilidades políticas en una rueda de prensa convocada expresamente para este asunto e informó que habían incluido una pregunta para la próxima Comisión de Educación que se celebre en el Parlamento Andaluz y que sea la propia consejera Teresa Jiménez la que responda por el caso, que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía Provincial.

"La portavoz socialista del Ayuntamiento de Granada no debería seguir siendo la portavoz ni tampoco concejala", dijo ayer el vicepresidente ejecutivo del PP, quien exigió a García Raya que ponga su cargo a disposición del partido, una cuestión que dejó en manos del secretario general del PSOE en Granada, José María Rueda.

Para Ayllón, "García Raya ha utilizado la Administración pública para favorecer asuntos de familia", en concreto para que su hijo, profesor de Secundaria en un instituto de Castillo de Locubín (Jaén), que fue excluido de la convocatoria especial que se abrió en julio para las plazas bilingües, sea enchufado en el instituto Fray Luis de Granada.

"No existe una claridad en el proceso de adjudicación de esta plaza -continúa Ayllón-, que debe otorgarse mediante concurso público, ni consta la existencia de ningún recurso a la convocatoria que, según García Raya, baremó por error los méritos de su hijo".

El Partido Popular apunta además que este caso es un mal ejemplo para los docentes granadinos. "Si la media en conseguir una plaza de docente en la capital está entre 15 y 20 años, ¿cómo es posible que el hijo de la ex delegada de Educación, que es de 2001, ya tenga un sitio fijo en el centro de Granada?", se pregunta el vicepresidente ejecutivo del PP local.

Los populares piden la dimisión de García Raya porque entienden que la edil "no podrá responder en un futuro cuando en una de las visitas de barrio que tenga que hacer, alguna madre le pida que haga con su hijo, destinado en Huelva, por ejemplo, lo mismo que ha hecho con el suyo y que lo traiga a la capital".

El PP de Granada insta al secretario general del PSOE, José María Rueda, para que afronte el que considera "el primer problema" que se le ha presentado desde que asumió su actual cargo. "Estamos esperando que actúe y responda ante las 35.000 personas que depositaron su voto al PSOE en las últimas elecciones municipales", manifestó Antonio Ayllón.

Sobre el proceso de adjudicación de plazas sobrevenidas, método que la Delegación de Educación de Granada y hasta la propia consejera andaluza, Teresa Jiménez, han defendido como legal y habitual, el PP dijo que "cada vez se dejan más plazas para septiembre, lo que constituye un escándalo" para Ayllón.

Por su parte, el portavoz del sindicato APIA, Gonzalo Guijarro, respondió a García Raya, quien calificó la iniciativa del sindicato como "política de la mala". "La transparencia en la adjudicación de destinos es una exigencia democrática que los sindicatos estamos obligados a defender, no un ataque personal. En cuanto a la defensa de la calidad de la enseñanza le recordamos que también pasa por una adjudicación correcta de destinos", declaró Guijarro.