El Cerrillo de Maracena, el frustrado palacio de hielo, el Plan Parcial T1... Con cualquiera de estos nombres se ha etiquetado durante años la operación urbanística que el Ayuntamiento de Granada convenió con importantes promotores privados hace ya 15 años. En esos terrenos no se ha llegado a poner un ladrillo, pero el asunto ha dado lugar a cuatro investigaciones, un juicio, la imputación de importantes empresarios y financieros y una batalla política que los socialistas no se resignan a perder. Lo último es que han tenido que pagar 5.000 euros de fianza para mantener alguna opción de que el caso judicial siga vivo. 

El caso Nazarí, la macrocausa sobre supuesta corrupción municipal que dio un vuelco político al Ayuntamiento en 2016, aglutina muchas operaciones urbanísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento en la ciudad y entre ellas estaba la del Cerrillo de Maracena. Las defensas han alegado reiteradamente que esta parte de la causa se debía considerar “cosa juzgada” porque ya fue objeto de una investigación hace siete años y finalmente el asunto fue archivado por el juez. 

En una resolución reciente, la jueza instructora del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez Muñoz, (con el apoyo de la Fiscalía) ha ordenado al archivo de este expediente antes de crear la pieza separada, porque ya fue investigado hace años, a raíz de una denuncia del PSOE, pero resultó sobreseído y eso equivale a una absolución.

Los socialistas están personados en el caso Nazarí como acusación popular y, aunque no han tenido apenas protagonismo en la causa durante los tres años de instrucción, esta vez han tenido una reacción inmediata con la presentación de un recurso de reposición contra el decreto de archivo del Cerrillo.

Hace más de dos años que la jueza había advertido al PSOE que si no abonaba 5.000 euros de fianza, como acusación popular tendrían que asumir los planteamientos de la Fiscalía sin salirse de ellos. Optaron por no pagar y mantenerse en ese perfil bajo, bajo el regazo del Ministerio Público.

Pero ahora, cuando la fiscal propone el archivo de la parte del caso relacionada con el Cerrillo de Maracena, el PSOE ha tenido que pagar esa cantidad para mantener alguna opción de que prospere su recurso y se abra una pieza separada sobre este asunto.      

En su recurso, los socialistas piden que esta investigación siga viva, al considerar que hay notables diferencias con el caso que ya fue archivado en 2014. En primer lugar, por la lista de personas investigadas, en la que solo coinciden el exalcalde José Torres Hurtado y el empresario José Julián Romero. El resto de imputados no se incluyeron en la causa anterior. Y por otra parte, el abogado del PSOE sostiene que además de los tipos penales de prevaricación y malversación que ya se plantearon hace seis años, “sería necesario analizar las consecuencias de la trama organizada que ahora se ha evidenciado” en el caso Nazarí.     

El enconado caso Cerrillo se remonta a la década anterior, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico para construir un gran edificio de 25 plantas, viviendas, oficinas y un enorme centro comercial sobre los 177.000 metros cuadrados de terreno que hay en la linde del término municipal de Granada con Maracena, al otro lado de la Circunvalación. La operación iba a reportar al Ayuntamiento más de 14 millones de euros. Pero todo se complicó y al final hubo deudas, embargos, reclamaciones y un convenio firmado a 48 horas de las elecciones municipales de 2011 por decreto del alcalde y en circunstancias poco claras. 

En pleno fulgor de la arrolladora mayoría absoluta del PP de José Torres Hurtado, justo después de aquellas elecciones municipales, los socialistas se cansaron de dar ruedas de prensa para denunciar el tufo de las operaciones urbanísticas municipales y se fueron a los juzgados con un caso que a la larga ha traído más frustración que otra cosa al grupo liderado por Paco Cuenca. El Cerrillo de Maracena, lejos de ser el asunto judicial que provocó el vuelco en la Alcaldía de Granada, acabó archivado y se volvió en contra de los denunciantes. Todo el grupo municipal socialista fue investigado por supuesta denuncia falsa. Aunque es verdad que fue el preludio de mayores problemas judiciales para Torres Hurtado.

En paralelo también se investigó una denuncia instada por el Gobierno de España, que entonces estaba bajo el control socialista, por la supuesta apropiación de terrenos del Estado en esa operación del Cerrillo de Maracena. Esas diligencias sí llegaron a un juicio que sentó en el banquillo al exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo-García Royo y a la cúpula de Urbanismo de la época, pero al final todos fueron absueltos también.

Este caso ha supuesto un desgaste público y de recursos para el PSOE, porque ninguna de sus acusaciones ha llegado a buen puerto. Fueron las denuncias de varios empresarios y particulares las que dieron lugar más tarde a la formación de la causa Nazarí, que sí provocó un terremoto político que desalojó a Torres Hurtado de la Alcaldía después de 13 años en el cargo y propició la llegada de Paco Cuenca al poder. 

Los últimos pasos dados en el juzgado que ahora instruye la causa Nazarí evidencian que los socialistas no renuncian a sacarse la espina de un caso que les ha robado el sueño.