Las insinuaciones sobre supuestos motivos políticos e injerencias han planeado sobre el caso Nazarí desde el inicio del proceso y, sobre todo desde la operación policial del 13 de abril de 2016, cuyas detenciones y registros dieron la vuelta a España y que acabaron con el largo mandato de José Torres Hurtado en el Ayuntamiento de Granada. El principal testigo de cargo, que fue cargo de confianza en el Ayuntamiento, acaba de poner por escrito en su denuncia al Juzgado una serie de "presiones" e intervenciones del Partido Popular, incluso desde su sede nacional en Madrid.

Jacobo de la Rosa fue designado director de Urbanismo durante la época de gobierno de Torres Hurtado. Se trataba de un cargo de confianza como los que habitualmente designan los políticos gobernantes de entre los técnicos que suelen ser afines al partido en el poder. La propia concejal Isabel Nieto explicó en su declaración judicial que ella recibió la indicación del PP de nombrar a Jacobo de la Rosa.

Los informes de este cargo de confianza son cruciales en los casos Serrallo y Nazarí

Pero hubo problemas entre ellos y el técnico realizó informes que dejaban en mal lugar a la concejal y al propio alcalde, así que De la Rosa acudió al presidente provincial Sebastián Pérez, que según su propio escrito le asignó en 2013 un puesto en la Diputación, de la que era presidente. De ese modo podría salir del Consistorio, donde aseguraba que estaba siendo "acosado" por sus dirigentes.

Pero una vez que sus informes sirvieron para sustentar la apertura de una investigación judicial por el caso Serrallo, De la Rosa explica en su denuncia que el presidente del PP le dijo que "no podía aguantar más la presión a que le estaban sometiendo y sintiéndolo mucho no tenía más remedio que cesarlo", lo que le obligaba a volver a su plaza del Ayuntamiento y enfrentarse con las personas que, según su denuncia, le aplicaron represalias laborales. El propio alcalde remitió una carta a Sebastián Pérez pidiéndole la vuelta al Ayuntamiento de Jacobo de la Rosa, por necesidades laborales.

El que fue cargo de confianza del PP explica en su escrito a la juez que se habrían producido "llamadas telefónicas, incluso desde calle Génova de Madrid", para que Sebastián Pérez no siguiera dándole cobertura con el cargo en Diputación, una vez que se hizo público que él había firmado informes que podrían perjudicar al equipo de gobierno de Torres Hurtado, de cara a una investigación judicial.

Mientras estuvo en la Diputación, el funcionario relata (y así se puede comprobar en los documentos que están en el sumario) que la concejal de Urbanismo le mandó peticiones para que reconsiderara su informe sobre el Serrallo. De la Rosa dice ahora que también hubo un segundo intento para que cambiara de opinión, que le llegó a través de la secretaria del presidente de la Diputación. Él asegura que siempre contestó: "Lo dicho, dicho está".