El pabellón de Alhendín ha acogido esta mañana una reunión informativa en la que los cinco alcaldes de los alrededores de la Base Aérea, Alhendín, Armilla, Las Gabias, Churriana y Ogíjares, han explicado ante medio millar de vecinos las acciones emprendidas tras conocerse esta semana la intención del Gobierno de hacer un campamento de migrantes con capacidad para 1.200 personas, proyecto que ha generado el rechazo unánime de los cinco municipios y de los vecinos de la zona al calificar el suelo, la colonia Dávila, como inadecuado por cuestiones urbanísticas y por la imposibilidad de los municipios de asumir los servicios que necesitan.

Los cinco alcaldes y los representantes de la plataforma (constituida en la asociación vecinal base aérea) se han mostrado esperanzados en que con el trabajo de todos se podrá "parar" la construcción de este campamento "yendo todos a una, con el apoyo de todos". Después de la reunión, a las 12:00, se inicia una manifestación hasta Armilla. 

"Estoy tranquilo porque al que se le ocurra poner una piedra sin licencia vamos a pelear porque caiga sobre él todo el peso de la ley. Lo tenemos muy claro, lo primero son nuestros pueblos y vecinos. Podéis tener claro que reunidos todos vamos a dar la cara para que no llegue a puerto. Los que vais a parar esto sois vosotros, los vecinos", ha asegurado el alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez, ante los vecinos, preocupados y unidos contra este proyecto.

El alcalde de Alhendín, municipio al que pertenecen los terrenos, ha explicado que se enteró por un rumor de compañeros de gimnasio y que después, en un tanatorio una empresa de áridos le comunicó que le habían pedido presupuesto para una gran obra en la base aérea. "El martes Tragsa registra dos documentos en el que no piden licencia de obras sino que se comunica la obra de emergencia", ha explicado Francis Rodríguez. 

Los papeles de Tragsa con una obra adjudicada por urgencia el 1 de marzo

La primera obra está adjudicada a Tragsa con contrato urgente de 8 millones para urbanizar la parcela en la Colonia Dávila firmado el 1 de marzo. "Desde entonces no hemos tenido ninguna notificación ofcial. El segundo documento habla de campamento 1.200 con inversión de 22 millones de euros. Los alcaldes nos enteremos el 2 de abril. Lo más flagrante es el plazo de ejecución, del 1 de abril al 31 de julio. Cuando notifican ya van un día tarde", asegura, agradeciendo la rapidez con la que han actuado ayuntamiento y vecinos para paralizar el proyecto. De ahí que los alcaldes no entiendan cómo dice el Gobierno que está en estudio cuando hay documentación de adjudicación de la obra para ese campamento.

Rodríguez ha acusado al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, de "desleal" al no haberle transmitido la información antes cuando coinciden en actos todos los días, por lo que han pedido una reunión con el subdelegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, para que traslade también al Ejecutivo la negativa a ejecutar las obras. "No hay ningún resquicio legal para poder construir ya sea el Gobierno o la junta de Andalucía. Si hacemos nosotros una cerca en cualquier terreno sin licencia nos lleva el Seprona detenidos y para una obra de 30 millones no presentan ninguna licencia ni documento".

Se están recogiendo firmas.

"El proyecto es una barbaridad", asegura la alcaldesa de Armilla

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha mostrado su apoyo a los ayuntamientos y los vecinos dejando al lado colores políticos, un apoyo clave ya que es alcaldesa socialista y ha reconocido ante los vecinos que el proyecto del Gobierno de su partido "no es coherente". Armilla es un "municipio solidario" que ha acogido migrantes en otras ocasiones pero "de forma coherente, un máximo de 100 personas, algo que coincidimos que no resultaría problemático porque se puede asumir y no plantea incertidumbre".

"Cuando tuvimos conocimiento de que el Gobierno, mi partido, pretendía esa instalación a todos nos pareció una barbaridad porque no considerábamos que las circunstancias de los municipios fueran las óptimas", ha dicho Cañavate, que ha explicado que ha transmitido a tres directores generales del Ministerio de Migraciones y a las Secretarías de Estado de Defensa y de Migraciones la oposición de un proyecto que califica de "barbaridad". "Es una decisión que no tiene coherencia ni sentido ninguno. Expliqué el entorno. Armilla es el mayor municipio y no es capaz de asumirlo, ni os cuento el resto. He mostrado a todos los niveles mi disconformidad con ese centro y no entramos en razones humanitarias que compartimos sino que no estamos de acuerdo con el modelo elegido por el problema de los terrenos y la falta de capacidad de los ayuntamientos". "Quiero transmitir mi apoyo y lealtad porque estamos en la misma lucha. También es fundamental la movilización, que sean conscientes del problema que ocasionan en la zona Sur del Área Metropolitana y que no digan que nadie les avisó. Todo hace mucha presión. Cuando los ciudadanos me votan es para que defienda sus intereses y antes que nada alcaldesa de Armilla. Adelante entre todos lo podemos parar".

Estéfano Polo, alcalde de Ogíjares, ha dicho que el proyecto "no tiene lógica". "Es un tema muy sensible que hay que tratar de forma diferente porque necesitan ayuda humanitaria pero no es el sitio ni el lugar más idóneo. Es un recinto que además de no cumplir con las normativas nos crearía conflictos. ¿Estamos preparados para atender a 2.000 personas en seguridad, sanidad y otros servicios? o solo se trata de recibirlos hacinados, en un búnquer, sin darles servicios cuando todos sabemos de la carencia en centros de salud, guardia civil y policía local que tenemos. No estamos preparados. Habrá otros sitios".

"Si me dan a 100 nos encargamos de ellos, cien a cada uno, a otros municipios, pero 2.000 en un término rodeados de viviendas con características peculiares, con impuestos altos, alto precio, no es lo más apropiado. Yo desde que me enteré pedí solicitud al subdelegado del Gobierno para escuchar sus palabras y que nos den una explicación. Llevamos una semana nerviosos e inquietos. Vamos a luchar y tendremos que seguir luchando", ha dicho, asegurando que "hasta que no tengamos un documento donde se nos diga que se ha echado para atrás no podemos parar y no me fío hasta que no tengamos el documento".

La alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, ha reconocido que todos "desde hace una semana estamos con el alma en vilo" porque "no hablamos de derechos humanos ni solidaridad sino que defendemos los derechos de los vecinos de los cinco municipios". Sádaba ha insistido en la deslealtad del Gobierno de España por no tener en cuenta a los municipios porque cualquier ubicación lo primero es tener en cuenta a los territorios, a los ayuntamientos, que conocemos mejor que nadie la realidad y lo que podemos soportar", ha dicho. "No estamos en contra de la integración, de ayudar a quien pide asilo, no es eso, todos somos sensibles y solidarios, pero no en estas condiciones y en un lugar que no reúne requisitos. Ningún ayuntamiento tiene los servicios adecuados para poder prestarlos. Cualquier vecino tiene que seguir trámites urbanísticos para construir que llevan hasta dos años. No entendemos cómo el Gobierno quiere saltarse la norma a la torera". 

El alcalde de Churriana, Antonio Narváez, también insiste en que "no es proporcional el espacio con respecto al número de población que hay alrededor de esta instalación", asegurando que "unidos vamos a parar lo que es un despropósito en una parcela rústica".

Representantes vecinales.

Los vecinos se alejan de cualquier discurso ideológico y xenófobo

Los representantes de la asociación vecinal se han dirigido también a los vecinos asegurando que "estas personas vienen con problemas serios pero aquí tenemos otros y tenemos que defenderlos. Y visto lo visto lo vamos a conseguir", ha dicho. "¿Quién ha dicho que no se quiera ayudar? No nos van a tachar de racistas a nadie. Nadie ha emitido un mensaje tachando de menos a nadie. Aquí nos hemos esforzado en comprar unas casas con un valor, por qué ahora actúan engañados, sin permisos, no se puede aguantar. Hay que pelearlo", han arengado. La asociación vecinal ha insistido en dejar ideologías aparte y cualquier discurso xenófobo.

También ha acudido al encuentro el abogado del Ayuntamiento de Alhendín, Mariano Vargas, quien asegura que la acción de Tragsa ha rallado el ilícito penal y que están dispuestos, si se inician actuaciones, a requerirla por desobediencia grave. "Se ha vulnerado el procedimiento", ha mantenido, asegurando que el Ayuntamiento llegará jurídicamente hasta donde haga falta.