Un proyecto a medida sin respetar la libre concurrencia. Así se podría calificar, según el empresario granadino Ramón Arenas, la situación de la parcela de la calle Torre de la Pólvora donde estos días se termina de construir el nuevo pabellón de deportes del Zaidín. La historia, muy resumida, sería la siguiente: en 2006, el Ayuntamiento de Granada saca a concurso público la construcción y explotación de un complejo deportivo que incluye pistas deportivas al aire libre, una zona de actividad comercial y un aparcamiento subterráneo con 196 plazas. El 20 de febrero de 2007, el Consistorio adjudica el proyecto a la empresa FontDeis, del Grupo García Arrabal. Cinco años más tarde y tres estudios de detalle mediantes, el proyecto tiene poco que ver con el original. Según denuncia Arenas, se han quedado por el camino las plazas de aparcamiento y tres pistas de pádel, mientras que la zona ajardinada se ha convertido en un Mc Donalds y el edificio para actividad comercial de una sola planta ha crecido hasta tener dos pisos y albergar tres restaurantes.

Estos hechos, asegura el empresario, han tenido varias y serias consecuencias que afectan a la ciudad, a las empresas que concursaron en primer término para lograr la adjudicación del proyecto y al propio Ramón Arenas. Empezando por el final, que en el fondo es lo que levantó la liebre, la modificación del proyecto provocó que el pabellón deportivo invadiera la parcela colindante. Una parcela de 2.790 metros cuadrados que el Ayuntamiento vendió a una de las empresas de Ramón Arenas para la construcción de su Centro Infantil. El empresario tardó casi seis años en conseguir la licencia de obra y el 3 de diciembre de 2012, con la licencia en la mano, se encontró con que las obras del nuevo complejo deportivo se habían 'comido' 332,93 metros cuadrados de su terreno, lo que hacía "inviable" el proyecto.

Arenas llevó a la Justicia el caso con un interdicto de obra, pero, mientras el proceso sigue su curso, el empresario se preguntó cómo era posible que el Ayuntamiento concediera dos licencias de obra que "se sobreponen la una sobre la otra". Y ahí es cuando llegaron las sorpresas. Esa investigación le llevó a descubrir "diversas ilegalidades concatenadas que benefician y lucran a una empresa en detrimento del municipio".

Según el empresario, los tres estudios de detalle -de los que sólo se le informó oficialmente del último- alteraron las condiciones urbanísticas de la parcela, "anulando de un plumazo la libre concurrencia de otras personas o entidades que pudieron estar interesadas". Y, en el fondo, todo el asunto acaba afectando a los ciudadanos, puesto que pese al aumento de los usos lucrativos del complejo (todo por un canon de 1.000 euros al año), no se ha compensado al municipio.

Las quejas de Ramón Arenas por el proceso que ha seguido el complejo deportivo no son nuevas, ni llegarán a oídos del Consistorio a través de los medios de comunicación. El pasado 3 de septiembre, después de conocer el último estudio de detalle y comprobar que, pese a no estar aprobado (no se le dio el visto bueno definitivo hasta el 25 de octubre) y, por tanto, no tener licencia definitiva las obras estaban en marcha, el empresario granadino se reunión con el alcalde, José Torres Hurtado, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y la directora de Urbanismo. En ese encuentro, Arenas denunció la "ilegalidad" de las obras y solicitó su paralización. Sin obtener respuesta.

De ahí que el empresario decidiera denunciar oficialmente la situación el 9 de octubre de 2013, después de haber presentado el día 1 la solicitud de paralización en Urbanismo. La petición formal de Ramón Arenas, a la que ha tenido acceso este periódico, ha llegado a Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Granada, a Urbanismo, a la Alcaldía, al Interventor, a los grupos municipales representados en el Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía en Ordenación del Territorio, a la delegada del Gobierno de la Junta y, en forma de denuncia, a la Policía Local.

Posteriormente, tras la aprobación definitiva del último estudio de detalle, y denegadas las alegaciones presentadas por la empresa de Arenas, el empresario interpuso el 5 de diciembre de 2013 un recurso de reposición, el último paso de un proceso embrollado en el que, por el momento, los resultados han sido poco esperanzadores.

Ramón Arenas asegura en ese último recurso de reposición que, llegados a este punto, "la única posibilidad que le cabe a la Administración es el rescate de la concesión, cuando no la resolución del contrato", ya que lo ofertado y lo adjudicado no tienen nada que ver.

Sin embargo, el Ayuntamiento no se ha pronunciado, ni para solucionar el problema de la parcela de Arenas -el empresario habla de "estafa inmobiliaria" ya que pagó por 332 metros cuadrados más de los que finalmente tiene- ni para valorar los cambios en el proyecto de FontDeis.

Los únicos que han atendido los escritos de Arenas, relata el propio afectado, han sido los portavoces de los grupos municipales del PSOE y de IU. De hecho, el portavoz de la formación de izquierdas, Francisco Puentedura, ha solicitado incluso una reunión con la Fiscalía para poner en conocimiento los hechos denunciados por el empresario, que son muy similares a los de la polémica del Serrallo.

Puentedura explicó ayer que IU ha pedido toda la información del expediente y ha pedido el encuentro con la Fiscalía para que investigue cómo se ha permitido que "se aumente la edificabilidad y los aprovechamientos lucrativos sin que se compense a la ciudad". "Este es un ejemplo de las chapuzas del urbanismo en Granada, que benefician los intereses privados". Puentedura aseguró que un proyecto concursado puede modificarse siempre y cuando no se cambie de forma sustancial lo establecido originalmente, en cuyo caso se debe "anular la concesión y volver a realizar el concurso".