Los dos candidatos postulados hasta ahora para relevar en su cargo a Francisco González Lodeiro han coincidido en reivindicar la autonomía de la Universidad de Granada frente a las "injerencias" actuales de la política a través de los Gobiernos.

Esto se ha sentido especialmente en los últimos años en la medida en que el Ejecutivo ha tomado decisiones e impuesto medidas de recorte que han afectado mucho al funcionamiento de las universidades. Especialmente por la limitación de contratar personal.

La reciente experiencia ha demostrado que la Universidad difícilmente puede mantener las dosis de autonomía deseadas por la propia institución si su dependencia económica de las instituciones es tan elevada, razón por la que los aspirantes a rector plantean ideas para conseguir nuevas formas de financiación, diferentes de las transferencias de las instituciones y las matrículas de los estudiantes (La UGR se ciñe a los precios marcados para toda Andalucía y sus dirigentes no son partidarios de grandes subidas, como en otros territorios de España).

Lo que sí plantean ambos candidatos es la necesidad de un cambio en el modelo de financiación actual. Actualmente se sigue un criterio cuantitativo (por tamaño de la universidad), mientras que los aspirantes a rector plantean que se introduzcan parámetros cualitativos para el reparto económico.

Esta medida sí podría contribuir un poco a esa cierta autonomía universitaria, pues de su trabajo, su funcionamiento y sus resultados dependerían los ingresos económicos provenientes de las instituciones públicas.

La actividad científica también puede ser otra vía de ingresos que permita libertad de gestión. Ambos candidatos plantean incidir más en la transferencia de conocimientos al sector público y privado, lo que permitiría obtener una serie de recursos económicos que pueden revertir en la propia institución, en los equipos de investigación y en los centros. También plantean el impulso de proyectos de investigación internacionales, que puede traer dinero extra.