El embrollo legal que ha dejado en el aire el futuro de los restaurantes del Zaidín instalados junto al Pabellón Mulhacén se complica aún más. Sobre estos negocios pesa una losa de 2 millones de euros que obtuvo como préstamo bancario la empresa de Roberto García Arrabal, titular de esta concesión municipal. El Ayuntamiento autorizó la operación en junta de gobierno el 19 de diciembre de 2013, justo 5 años antes de que la justicia haya declarado ilegales los establecimientos y la ciudad se haya quedado en una situación tremendamente delicada. 

Las instalaciones de esa parcela de la calle Torre de la Pólvora (tanto el pabellón deportivo como los locales de restaurantes) son de titularidad municipal, aunque fueron objeto de una concesión administrativa en 2008 a la constructora Fontdeis, de García Arrabal. La empresa tenía que hacer un pabellón deportivo para la ciudad y, a cambio, la mercantil podría explotar durante 40 años unos locales anexos a los que se les otorgó el uso lucrativo para instalar allí negocios de restauración.

Pero en 2013 el empresario pidió al Ayuntamiento permiso para hipotecar la concesión administrativa por 2 millones de euros, un dinero que tuvo que asegurar que iba a ir destinado a la construcción del pabellón de deportes (de otra forma no habría sido legal el préstamo). La junta de gobierno del equipo del PP que lideraba José Torres Hurtado aprobó esa operación a finales de año, bajo la premisa de que el coste de la obra completa duplicaba ese dinero. Los 4,5 millones de euros que el empresario prometía invertir no se corresponden con las cifras que la Policía ha aportado en sus últimos informes para el juzgado. 

El préstamo tiene un periodo de 12 años, lo que significa que estaría vigente al menos hasta finales de 2025. Lo que no formaba parte de los planes de los responsables municipales ni del promotor en aquel momento fue todo lo que ha ocurrido después desde el punto de vista judicial. La construcción de este pabellón, su concesión y la instalación de restaurantes sobre una buena parte de la parcela deportiva se comenzó a investigar en un juzgado de instrucción, dando lugar a la conocida Operación Nazarí, que supuso la detención del alcalde y la caída de aquel gobierno municipal. Este caso sigue en el aire. 

Pero además, por la vía de lo contencioso-administrativo, un recurso presentado por el empresario de la parcela aledaña acaba de ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha declarado ilegales los restaurantes que se instalaron allí, dado que se trataba de una parcela de uso deportivo. La sentencia considera que no se pueden construir en esos terrenos edificios especialmente destinados a un uso diferente del especificado en el PGOU. 

El Ayuntamiento acaba de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, con la esperanza de que anule la resolución del TSJA, que pone a la ciudad en una situación complicada desde el punto de vista económico. El actual gobierno socialista teme tener que acatar y aplicar la sentencia que ilegaliza la zona porque reconoce que entonces habría empresas que reclamarían indemnizaciones a la ciudad. Se ha hablado de los derechos que harían valer el concesionario y los restaurantes que están allí de alquiler, pero nadie ha mencionado aún públicamente que había además una hipoteca de 2 millones de euros, autorizada por el propio Ayuntamiento.