La mercantil Palacio de Exposiciones y Congresos S.A. tendrá que abonar al Consorcio del Palacio 10.420 euros en concepto de sanción por presentar hasta dos años tarde las cuentas anuales de 2017, una práctica, la del retraso, en la que el Consorcio alegó que es reincidente y por tanto el juzgado confirma la sanción según los pliegos de la concesión. 

La sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada, de fecha 16 de julio de este año, rechaza el recurso de la empresa concesionaria contra un primer desestimiento de recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta General del Consorcio de 13 de junio de 2019, que acordaba la imposición de la penalidad "por infracción" del pliego de prescripciones técnicas particulares y del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Fue en abril de 2019 cuando la Junta General del Consorcio abrió el procedimiento para imponer la penalidad a la empresa por no presentar las cuentas anuales del ejercicio 2017 debidamente auditadas en plazo, es decir, antes del 30 de junio  de 2018. De hecho, se presentaron en mayo de 2019. La empresa alega que lo hizo cuando se terminó la auditoría externa, por lo que no se le puede imputar a ella el retraso ni mucho menos intencionalidad ya que la auditoría se encarga a una empresa de un listado proporcionado por el propio Consorcio. Así, la empresa reiteró que cumplió con su obligación de preparar las cuentas y entregarlas en la primera mitad del año siguiente a la auditoría externa pero que no les pueden responsabilizar del retraso y mucho menos de intencionalidad en el mismo. Además, dicen que la penalidad debe ser por una infracción grave y sustancial, algo que no consideran este hecho. También alegaron desproporcionalidad en la cuantía ya que no es un incumplimiento sino un cumplimiento tardío.

Pero el juzgado ha desestimado el recurso. Y es que se tiene en cuenta el aviso que ya dio el Consorcio a la empresa por lo repetido de esta situación. De hecho, en las distintas comisiones de seguimiento anuales, se ha venido registrando un incumplimiento en lo relativo a las cuentas anuales de los años 2013, 2014 y 2015 y que en marzo de 2017 la sociedad presentó las cuentas debidamente auditadas de los años 2013 a 2015. Por eso se advirtió a la concesionaria que ante nuevos incumplimientos se procedería a sanción.

Según la sentencia, el retraso solo es imputable a la empresa ya que tiene una lista de auditores de cuentas y no es imputable ala empresa encargada del proceso el retraso.

Respecto a la cuantía, está en el rango inferior ya que se avisó de sanción de 3.000 a 60.000 euros, por lo que los 10.420 se consideran oportunos por parte del juzgado y ajustados a derecho porque considera que el retraso afecta a la función de control de la correcta ejecución del contrato. También tiene que pagar las costas, de 200 euros.

Fuentes del Palacio de Congresos explican que el problema no está en presentar las cuentas, que ellos hacen en plazo a la empresa auditora, sino en superar el proceso auditor, que es complicado y obliga a ir haciendo puntualizaciones hasta que se da el visto bueno, hecho que se retrasa. Por eso verían bien una modificación del pliego de prescripciones en el que se diferenciara entre el plazo para presentar las cuentas a la empresa auditoria y el de presentación del informe final una vez superado el proceso.

No obstante, también insisten en que esta sentencia es reflejo de un momento pasado de "mucho desencuentro" entre las partes, en el que se echaban en cara muchas situaciones, y prueba es que desde 2016 la empresa ha presentado más de 30 escritos al Consorcio sobre temas de la concesión que van desde la ampliación de capital a obras, sin respuesta alguna. Pero ahora hay una etapa nueva, matizan, de "entendimiento".