A sólo 12 días de las elecciones autonómicas andaluzas, el médico granadino Jesús Candel, más conocido como Spiriman, acaba de presentar una nueva denuncia contra la presidenta socialista, Susana Díaz. Esta vez no ha pasado por el filtro de la Fiscalía de Granada y se ha dirigido directamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante una querella por los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Candel, que se presenta a los magistrados de este tribunal español como Spiriman y como un "activista político muy popular en la ciudad de Granada", denuncia a Susana Díaz y a "todas aquellas personas que resulten criminalmente responsables" de los hechos relatados, por la supuesta utilización irregular de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía en su interés particular. 

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada acaba de procesar a Spiriman por posibles injurias y calumnias a la presidenta de la Junta de Andalucía y al ex viceconsejero de Salud, Martín Blanco. En esta causa, los dos altos cargos de la administración autonómica habrían utilizado a los abogados de la Junta para su representación como acusación particular, según la querella que ha llegado hoy al Supremo.

El denunciante sostiene que, como cargos públicos, sólo pueden hacer uso de los servicios jurídicos públicos para su defensa, pero no para acusar a un particular. En este sentido, Spiriman, que ayer mismo colgó un vídeo en internet para explicar esta nueva ofensiva judicial, comparó esta situación con un caso similar de Esperanza Aguirre (PP). Candel llegó a decir que ambas dirigentes son en realidad "una calcomanía".

En su querella ante el Supremo, Spiriman hace un extenso relato de su batalla judicial y mediática contra los altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de tomar represalias contra él a través de la apertura de expedientes en su labor como médico y por medio de las acusaciones de injurias en los tribunales. Candel admite que en sus vídeos utiliza términos "chabacanos" y "tacos" para referirse a determinadas personas con poder, pero sostiene que "decir hijo de puta no reviste gravedad penal si es a un político". 

La supuesta utilización de Susana Díaz y Martín Blanco de los letrados de la Junta para su representación en la causa judicial contra Candel que se sigue en el juzgado de Instrucción 2 de Granada habría sido autorizada por varios consejeros autonómicos, aunque sin informes técnicos que avalaran su legalidad.