Sierra Nevada y su ‘joya’ económica, la estación de esquí, ha tenido desde hace décadas muchos proyectos de expansión y aprovechamiento tocando a su puerta. Desde la instalación del teleférico (hasta ahora el plan que ha estado más cerca de realizarse) que conectara Granada capital con Pradollano -a través de 19 kilómetros, 20 pilonas y 3 estaciones intermedias- pasando por la ampliación de pistas de la estación hasta la construcción de una segunda base de esquí en el pico del Caballo a 3.000 metros.

Todos estos propósitos, muy ambiciosos algunos de ellos, se fueron perdiendo en el olvido poco a poco debido a que acababan chocando con la normativa y con la negativa en bloque de la administración de la Junta de Andalucía, que nunca aprobó los planes de los empresarios granadinos basándose en inviabilidades varias, sobre todo relacionadas con el impacto al medioambiente.

Aunque cada proyecto guarda su propia intrahistoria, al final todos ellos cuentan con una misma raíz semántica: el conflicto entre la intención de expansión de los empresarios de la provincia en cuanto al aprovechamiento de la Sierra y la convicción de ecologistas, montañeros y la Junta de Andalucía de mantener el espacio natural tal y como está.

Quien sí ha estado de acuerdo históricamente en que la Sierra ampliara sus kilómetros esquiables así como la construcción del teleférico que ayudara a comunicar la estación, era el Partido Popular -tanto en su facción autonómica, regional como local-.

El alcalde de Granada en 2003, José Torres Hurtado, se mostraba a favor de realizar estos cambios, así como el PP andaluz que pidió hace cinco años a través de una iniciativa a la cámara autonómica que diera su apoyo al proyecto, además de otras muchas declaraciones a lo largo de los años de muchos de sus dirigentes.

En la actualidad, el presidente del PP provincial y candidato a la alcaldía, Sebastián Pérez no oculta su intención de que estos planes cristalicen ahora que en la Junta de Andalucía soplan vientos de cambio con su partido en el Gobierno. Pérez, declaraba a este diario este mismo mes que "ampliar Sierra Nevada es una propuesta nuestra, que la estación tenga más kilómetros de pista esquiable. Queremos que se trabaje desde un primer momento en ese estudio" y del mismo modo atajaba una de las reticencias que ha tenido el proyecto ya que, "evidentemente, ampliar la estación de esquí, bajo ningún concepto sería con planteamiento de tipo urbanístico, ni de poner hoteles, ni nuevos apartamentos".

En la estación de Sierra Nevada, según fuentes del Parque Natural, en los últimos 15 años casi se ha duplicado el número de kilómetros esquiables, eso sí, dentro del perímetro permitido, denominada subzona C (Área de esquí alpino). En cuanto a la viabilidad de ampliar la zona de pista dentro de la actual estación de esquí, como primer paso la iniciativa debería pasar por una Autorización Ambiental Unificada y el procedimientos de evaluación ambiental en la GICA. De superar esta frontera, las mismas fuentes citan a los expertos que opinan que no hay mucho margen de actuación dentro de las líneas del Parque Natural.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dentro de las fronteras de la actual estación de esquí, existe la zona de amortiguación del área de esquí alpino (subzona B.4) delimitada para mitigar los impactos derivados de las instalaciones y el uso deportivo de las mismas. Esta zona ‘colchón’ es una franja de unos 200 metros de ancho entre la concesión de Cetursa y las altas cumbres, o sea, del Parque Nacional.

En este punto hay que explicar que Parque Natural y Parque Nacional se rigen por diferentes leyes aunque en el caso del segundo, cambiar sus características, se torna una misión muy difícil que ha hecho desistir muchas de las aspiraciones de cambiar su idiosincrasia o llevar a cabo proyectos. Con todo esto sobre la mesa, al parecer, la pretensión de actuar sobre el espacio natural volvería a iniciar el motor del bucle burocrático.

He aquí donde aparece el segundo proyecto histórico: la ampliación de pistas fuera del límite actual, o sea, el suelo ya es Parque Natural y como se ha explicado, se rige por la Ley 3/1999 en primera instancia, por la que se declaró el Parque Nacional de Sierra Nevada y en la vigente Ley de Parques Naturales de 2014. Si se intenta llevar a cabo el proyecto de ampliación por esta vía, los promotores se encontrarían de frente con el Artículo 4, que regula el Régimen jurídico de protección y que reza que en particular queda prohibido "cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o remontes mecánicos".

En este punto aparece el tercer proyecto que ha sobrevolado Sierra Nevada, quizás es el menos plausible y fue el primero en ser abandonado. La construcción de una segunda estación de esquí en el pico del Caballo, el 3.000 más meridional de Europa, se topó de frente con la dificultad de llevar a esa zona cualquier tipo de instalación debido a que se encuentra en Parque Nacional y regresarían las mismas complicaciones legales, además de por sus peculiaridades (tiene poco suelo para ese tipo de uso y no goza de mucha nieve debido a su orientación Sur).

Con este planteamiento llegaba a su vez la proposición, especialmente enfática, por parte de los empresarios de La Alpujarra y el Valle de Lecrín, de construir un teleférico que conectara estos pueblos de la provincia con Sierra Nevada y así poder extender los usos y aplicaciones de estos espacios, que a su vez serían un gran revulsivo económico para estas comarcas a través de su hostelería, sobretodo. En concreto, en 2010 nació la iniciativa de crear un teleférico que uniera la Sierra con Lanjarón que pondría en contacto la estación con la Costa Tropical.

Gonzalo Rodríguez es uno de aquellos empresarios que vio en primera persona cómo el proyecto se topaba una y otra vez con los criterios contrarios de la Junta de Andalucía. Es el dueño del hotel Alcadima de Lanjarón y con la perspectiva de más de una década desde que el plan estuviera muy vivo y alcanzara a tener el apoyo "de más de 300 empresarios de la provincia", mantiene su postura de que de haberse logrado, la repercusión a nivel económico de los pueblos hubiera sido enorme. Así, Rodríguez también sostiene que el impacto ambiental de este proyecto hubiera sido mínimo y en cambio, hubiera servido de acicate a estas poblaciones deprimidas en determinadas épocas del año.

Ese plan se acabó desinflando pero la idea de construir un teleférico que uniera las altas cotas con Granada nunca ha llegado a perder aliento aunque sí ha trazado un amplio mapa temporal de idas, venidas, estancamientos y choques frontales entre PP y PSOE. El teleférico que ha pasado por varios momentos burocráticos e incluso por el Tribunal Supremo, cobró actualidad por última vez hace un año cuando los empresarios manifestaron su intención de seguir adelante con el proyecto, que cuenta con más de 10 años de historia (nació en 2007).

Eso sí, la sociedad Teleférico Sierra Nevada SA (promotora) se negaba a pagar el aval de 1,2 millones para reiniciar el proyecto acogiéndose a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las resoluciones por las que la Junta denegó en 2007 y 2008 la solicitud de concesión de un servicio público de teleférico.

En este momento la infraestructura que se convertiría en la más larga de Europa, sigue estancada encima de la mesa a expensas de que llegue una apuesta política.

Entre los pros y los contras de este ambicioso plan, se contraponen los juicios ecologistas con los económicos. Así, un estudio económico aportado años atrás por los empresarios aducía que llegarían a Granada 131.000 turistas más, el incremento del gasto medio sería del 6,2% que equivaldría unos 51 millones de euros, además Granada podría ganar 44.000 viajeros relacionados con el turismo cultural y en definitiva, se crearían más de 1.200 puestos de trabajo que sumaría en el montante del impacto final en la economía de 169,3 millones de euros.

Los argumentos económicos de los empresarios contrastan con los que han esgrimido los contrarios al proyecto. Entre ellos, el organismo autónomo Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, dijo en un informe en 2008 que la construcción del teleférico tendría efectos negativos sobre el medioambiente y que su interés social no estaba probado. Este punto de vista se vio refrendado por la Unesco, que a través de su Comité de Reservas de la biosfera también calificó el proyecto de inviable y llegó a aconsejar que las siguientes iniciativas las hicieran con un cariz sostenible.

El más contundente de las negativas vino también justo al año de su nacimiento y por parte de tanto de Medio Ambiente como desde la Dirección General de Transporte de la Consejería de Obras Públicas de la Junta. Ambos entes argüían que el plan no era realizable por su negativo impacto ambiental y además, consideraron al proyecto incompatible con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada.

Del mismo modo, uno de los informes emitidos por la administración redundaba sobre la incompatibilidad del proyecto con los criterios de conservación del Parque Nacional, suponiendo una afección al paisaje.

En esta guerra de guerrillas histórica aún quedan cosas por decir y sobre todo movimientos políticos que realizar. El ajedrez de Sierra Nevada está más vivo que nunca debido a la luz verde que daba el Supremo a reiniciar el proyecto del teleférico. Un plan que cuenta aún con posibilidades de reanimación si la Junta de Andalucía se pronuncia y realiza un viraje acorde a sus peticiones cuando el actual partido en el Gobierno se mantenía en la oposición.