El Servicio de Protección de Menores de la delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta está colapsado. Tanto, que los trabajadores tienen que atender a las familias en los pasillos, los técnicos realizar, además de sus tareas, labores administrativas y, a la par, exprimir sus horas de trabajo al máximo para que los expedientes de menores no se sigan acumulando en las mesas. Después de años esperando una solución por parte de la administración, los empleados no han podido más y ayer salieron a reclamar las mejoras personales y materiales que les faciliten realizar su trabajo dignamente.

Bajo una pancarta en la que se podía leer: "Para una atención digna a los menores y a las familias. Dotación de recursos ya", los trabajadores denunciaron la cruda realidad con la realizan su trabajo cada día. "Tratamos con menores maltratados y desprotegidos y con familias con problemas muy graves que, por ley, necesitan de una mínima intimidad y no que se les atienda en un pasillo", relató Pilar Mellado, una de las psicólogas del servicio. Pero el problema es que a la falta de espacio, que consideran una reivindicación principal, se le une la falta de personal.

Mellado denunció que el área se encuentra al 70% de la plantilla total y que gran parte de los trabajadores son eventuales, por lo que piden el cumplimiento de la relación de puestos de trabajo y "que los empleados tengan la estabilidad necesaria para poder continuar los expedientes que comienzan". Una de las bajas que reclamaron con especial hincapié fue la del guarda de seguridad. "La conflictividad de los casos que atendemos hace que en ocasiones se encuentren en una misma sala niños maltratados, familias biológicas y padres de acogida, por lo que se generan escenas violentas y amenazas al personal". Entienden que la labor de seguridad es primordial. Para todo estos problemas, los trabajadores reclamaron soluciones de urgencia ya que consideran que la desprotección a la que se están viendo abocados los menores puede ocasionarles un "maltrato institucional".

Por su parte, la delegada para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada, Elvira Ramón, no ocultó el problema y reconoció que el Servicio de Menores sí tiene falta de personal, si bien pidió tiempo a los empleados a que se configure el nuevo gobierno y se conozcan los nombres de los responsables a los que exponerles sus demandas.

En cuanto a la falta de espacio, la delegada aseguró que se solucionará "en breve", ya que "se ha alquilado el espacio que han liberado los juzgados al trasladarse a la Caleta y con el traslado del Servicio de Inclusión Social vamos a contar con más espacio en la propia Delegación", señaló Ramón.

"Es verdad que hay una demanda de personal y que hemos trabajado fuerte tanto desde la Delegación como desde la Consejería para solicitar más efectivos pero yo lo que les he pedido a los trabajadores es que esperen 10 ó 15 días para que se constituya el nuevo gobierno andaluz", declaró.

Así, la delegada mostró su "disposición" a acudir a Sevilla para tratar "directamente" con la Consejería y mantuvo que desde la Delegación se ha hecho un "gran esfuerzo" por mejorar las condiciones laborales del Servicio de Protección de Menores.