El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado la descapitalización del servicio de transporte de la capital por la "mala gestión dilatada a lo largo de años que tuvo como consecuencia la pérdida de las cocheras y dio como fruto la obligación de pago por parte del Ayuntamiento del alquiler actual de los terrenos que actualmente Rober utiliza para guardar los vehículos".

La concejala de la formación Elisa Cabrerizo ha informado de que Granada está pagando desde hace 11 años un alquiler de terrenos “por no haber cumplido el acuerdo de pago en especie” con unos terrenos viables tras la expropiación por parte del Ayuntamiento a Rober de las antiguas cocheras en el Zaidín. Se trata, ha dicho la concejala, de un gasto que no deja de correr, o sea, “pérdida de dinero de todos los granadinos y granadinas” por, en su momento, no haber cumplido el acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria del transporte y haber entregado unos terrenos viables para uso de cochera.

La concejala, por tanto y para evitar seguir pagando dicho alquiler ‘sine die’, ha reclamado al equipo de gobierno que cumpla la sentencia del TSJA de 10 de noviembre de 2022 donde se ordena el cumplimiento del Acta de Avenencia y pago de justiprecio del 13 de marzo de 2003 y obliga al Ayuntamiento a elegir entre entregar a la empresa en el plazo de un año parcelas en los términos previstos o, en su lugar, al pago en metálico de 1.727.373,15 euros.ç

La concejal de UP Elisa Cabrerizo.

Unidas Podemos pide que el Consistorio se decante por la primera opción dado que, si entrega dichos terrenos, cuando el contrato vigente se extinga, dichos espacios tendrán que volver a manos del Ayuntamiento obligado por la cláusula 18 del pliego. Es decir, el artículo del contrato de concesión que manda la reversión de todos los bienes usados por la empresa a lo largo de la concesión de vuelta a la ciudad.

Cómo afectará al nuevo contrato

Cabrerizo ha explicado que, “en cuanto entre la nueva empresa con el nuevo contrato, se tendrá que aplicar la clausula 18 y los terrenos volvería a ser de la ciudad”, porque de lo contrario, si se paga esos 1,7 millones, “la cifra no podría revertir al finalizar el contrato y ese dinero iría a parar directamente a la cuenta de resultados de Rober y Granada perdería”.

Por otro lado, desde la confluencia critican que la Comisión de Reversión de la concesión del transporte urbano, creada en 2019, aún no se haya reunido cuando los nuevos pliegos ya se están redactando y sin que esta mesa de trabajo haya realizado una sola reunión. Se trata, han trasladado, de una cuestión urgente ya que dicha Comisión es la encargada de realizar un inventario de los bienes que, una vez extinguido el contrato, van a pasar a formar parte del Ayuntamiento. Cabrerizo ha manifestado, además, que en dicho catálogo “se debe detallar también el nivel de conservación de los bienes inventariados así como su valor actual”.

Se trata de un asunto vital para toda la ciudad, ha insistido la edil, quien ha recordado que “se trata de un servicio pagado por toda la ciudadanía”. De hecho, ha agregado, la última respuesta del equipo de Gobierno a una pregunta de UP admite que no constan actas sobre reuniones de la Comisión de Reversión.

“Esta es la seriedad con la que se afrontan los grandes contratos de la ciudad que supone una hipoteca millonaria”, ha incidido la concejala quien ha avisado de que uno de los trabajos de la Comisión es “vigilar que no se dilapidan ni se descapitaliza la empresa para garantizar los intereses del Ayuntamiento, que se va a hacer cargo de esos bienes”.