Un juzgado ordena a la Universidad de Granada abrir expediente disciplinario tras la denuncia de acoso laboral de una profesora

El Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Granada ha ordenado a la Universidad de Granada (UGR) que abra y tramite un expediente disciplinario a raíz de la denuncia por supuesto acoso laboral presentada por la profesora titular de Literatura Hispanoamericana Milena Rodríguez Gutiérrez, en la que denunciaba un acoso de más de diez años dentro de su propio departamento y pidió que se adoptaran con urgencia las medidas de investigación y de protección necesarias para que este cesara.

En concreto, el referido juzgado -según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso- ha estimado de forma parcial el recurso de esta docente contra la resolución que desestimó otro recurso suyo frente a una decisión de la rectora de la institución académica, Pilar Aranda. En concreto, esta última sostuvo que, de la denuncia, no se deducían "indicios" de infracciones disciplinarias que pudieran justificar la apertura de un expediente disciplinario en las que pudiese haber incurrido el profesorado.

El juzgado ha anulado ahora dicha resolución recurrida por "no ser conforme a derecho", y ha ordenado a la administración demandada (UGR) la incoación y tramitación del correspondiente expediente disciplinario, previa su completa instrucción para la depuración de los hechos denunciados.

En la sentencia se explica que Milena Rodríguez es funcionaria de carrera, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y que desempeña sus funciones en el Departamento de Literatura Española.

Resolución "ambigua"

En concreto, la jueza considera que la resolución, en este caso concreto, ha sido "del todo ambigua y contradictoria", incide en que se ha evidenciado que la conclusión alcanzada resulta "cuando menos imprecisa y ambigua", y añade que parece "responder más a un ánimo de defensa corporativa que a vislumbrar la realidad de lo verdaderamente acaecido".

Por todo ello, cree que la existencia de "indicios iniciales" sobre la conducta denunciada es "suficiente" para incoar y tramitar un expediente disciplinario con todas las garantías legales, sin prejuzgar todavía la decisión final, que pueda esclarecer lo ocurrido.

La jueza explica también que la estimación es parcial dado que, por la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso administrativa, no es posible atender a la totalidad de lo solicitado en la demanda, que pedía que se declarara la existencia de acoso laboral y medidas disciplinarias.

El abogado de la demandante, Antonio Sánchez, ha considerado "muy positivo" el pronunciamiento del juzgado, al considerar que estima la pretensión principal de la profesora, aunque sus consecuencias sean "desoladoras" de cara a la imagen de la UGR.

En este sentido, aclara que la sentencia ordena abrir expediente disciplinario a seis profesores de un departamento, entre ellos la decana de una facultad, por indicios y datos suficientes de anomalías en su funcionamiento, según el letrado, quien ha apuntado una actitud "dilatoria" por parte de la institución.

Respuesta de la UGR

Por su parte, fuentes del Rectorado han indicado a Efe que el expediente no fue iniciado en su momento debido al resultado de una "información reservada", una investigación previa que no representa procedimiento disciplinario.

En la sentencia no se indica que los hechos denunciados sean acoso, sino que habrá que abrir expediente disciplinario y en la instrucción del mismo se acreditarán o no los hechos denunciados, han señalado desde la UGR, que acatará la sentencia en el momento en que sea firme y se abrirá, en su caso, el procedimiento disciplinario, que implica el nombramiento de un instructor para realizar todas las averiguaciones y pruebas.

El Rectorado advierte de que la sentencia solo estima la denuncia en parte, concretamente en lo relativo a que hay indicios para abrir un expediente disciplinario, pero rechaza que se declare que había acoso, medidas disciplinarias y restauración de derechos supuestamente vulnerados.

Limitación de la promoción

En su primera denuncia, Rodríguez, aseguraba que la UGR le estaría limitando -a su juicio- la promoción profesional y académica, algo que niega la institución. Esta docente, especialista de origen latinoamericano y cubano y también poeta, explicó en su momento que, desde 2011, se le impide impartir docencia de posgrado en los másteres oficiales de su especialidad y que lleva diez años sin poder impartir Literatura Hispanoamericana en el "Máster en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión". Según ha expuesto, el proyecto estatal del que Rodríguez es investigadora principal, titulado "Las poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas (Siglos XIX-XXI)", también habría sido "invisibilizado" en dicho máster.

Todo ello, sostiene, a pesar de que -entre otros méritos- ha sido el primer proyecto estatal financiado en España sobre mujeres poetas hispanoamericanas, además del proyecto estatal de Literatura Hispanoamericana de su departamento al que se le ha concedido mayor presupuesto desde 2014 hasta 2020.

A lo largo de estos años, Rodríguez indica que, mientras que se le ha negado la docencia de Literatura Hispanoamericana en el máster, esta tarea ha sido asignada a tres profesores con categoría docente inferior y con menores méritos académicos que ella. Esto habría ocurrido incluso en períodos en que estas personas, antiguos becarios de los dos catedráticos de Literatura Hispanoamericana de su departamento, no tenían contrato en la Universidad de Granada.