Vox exige desde el pleno de investidura del pasado sábado entrar en el gobierno de Granada como parte del acuerdo por dar sus tres votos a Luis Salvador para que consiguiera la Alcaldía. Un pacto que el alcalde niega desde que tomó el bastón de mando. Pero desde Vox mantienen que su participación en el gobierno local tiene que producirse y que tiene que ser en proporción a la representación obtenida: sus 3 concejales. De hecho, dicen que ese pacto incluiría darles una tenencia de Alcaldía y dos concejalías. Pero aunque al final no fuera así, este partido ya se habría garantizado una enorme capacidad de influencia. El decálogo de "medidas para la regeneración democrática" que puso sobre la mesa el día antes de la investidura de Luis Salvador como alcalde incluye un listado de exigencias que en la práctica suponen el control en una serie de cuestiones que son cruciales para cualquier ayuntamiento: la Policía Local, las empresas municipales, los contratos que se adjudican o los cargos directivos, entre otras cosas. Es importante tener en cuenta hasta la letra pequeña del documento.

Mientras que en otros ámbitos de negociación, como el Gobierno andaluz y sus presupuestos, Vox ha planteado como exigencias propias algunas cuestiones más ideológicas, relacionadas con la memoria histórica o la violencia de género, las diez condiciones que este partido ha puesto para la formación del gobierno de derechas en Granada tienen más un carácter práctico de supervisión y control de las estructuras en las que se mueve casi toda la gestión pública municipal.  

Lo que más ha trascendido de este decálogo de medidas es la exigencia impuesta por Vox para que ningún cargo público pueda mantenerse en su puesto si está "incurso en procedimiento penal". Pero esto también incluye a los cargos de libre designación, una condición que podría a afectar a exconcejales del Partido Popular actualmente investigados y que por este motivo no habrían formado parte de las listas electorales del partido.

La Policía Local, cuya cúpula ha ido oscilando desde hace décadas en función del color político del gobierno municipal y se ha visto afectada por rencillas y denuncias cruzadas, es otro de los objetivos de Vox. En el documento que habrían firmado PP y Cs durante la misma mañana del sábado de investidura, Vox se garantiza formar parte de un "tribunal seleccionador" del puesto de jefe de este cuerpo de seguridad. A diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, su designación ha de ser mediante un "procedimiento con concurrencia y transparencia". 

La misma condición para elegir al jefe de la Policía Local ha exigido Vox para el nombramiento de todos los puestos directivos de libre designación. Los coordinadores y directores generales son los cargos supuestamente técnicos que está al frente de cada área o concejalía, junto por debajo del político que forma parte del equipo de gobierno. "Concurrencia, transparencia, mérito y capacidad" serían los criterios para que un tribunal (donde tendría que haber un representante de Vox) se encargue de seleccionar a estas personas, que hasta ahora han sido designadas a dedo, según el criterio directo del equipo de gobierno. 

El partido de derechas ha requerido también que se prohíba expresamente la libre designación en el caso de los puestos de habilitados de carácter nacional: secretario o interventor. Son altos cargos que tienen como principal función garantizar y fiscalizar el cumplimiento de la legalidad en los ayuntamientos.

Vox incluye una frase importante en este punto, al exigir que los actuales ocupantes de estos cargos no puedan ser "cesados ni removidos" por el nuevo equipo de gobierno. El actual secretario municipal de Granada, que ganó esa misma plaza en un concurso en la Diputación Provincial, es la misma persona que llevó a la justicia el intento del entonces presidente de la institución, Sebastián Pérez, de suspender aquel proceso. El TSJA confirmó en 2015 que el líder del PP incurrió en "desviación de poder" en el caso denunciado por el actual secretario municipal. Pero Vox exige que la llegada de este partido al gobierno no suponga un cambio en este cargo. 

Otro de los altos cargos de máxima importancia en el Ayuntamiento, cuyo nombramiento ha oscilado según los responsables políticos, el jefe de Asesoría Jurídica, "deberá mantenerse en su puesto". Y cualquier vacante en este departamento, que en estos momentos tiene una gran importancia por la enorme cantidad de pleitos que afectan a la ciudad, deberá ser cubierta por un procedimiento abierto en el que Vox tenga participación.

Los contratos que adjudica en el Ayuntamiento (a empresas o particulares) tendrán que ser supervisados por una "comisión de seguimiento" en la que participe personal técnico y los grupos políticos. Y piden que el tribunal de contratos, de tarea fiscalizadora, tenga independencia funcional, para que no dependen directamente de ningún político. 

Las empresas participadas por el Ayuntamiento, como Emucesa (donde se investigan posibles enchufismos en la etapa del PP), estarán obligadas, según el documento, a "reportar" mensualmente a un comité municipal de enlace" creado a propósito y del que Vox formaría parte, con "al menos un representante". También piden que el Tribunal Económico y Administrativo sea "renovado y reactivado".

Éste sería a grandes rasgos el contenido del documento original, aunque no ha quedado aclarado si fue suscrito tal cual por todos los socios de gobierno, si hubo modificaciones o si quedó en el mismo limbo que el resto de los acuerdos de gobierno que días después siguen sin estar claros.