La Audiencia Provincial inicia hoy el juicio de 14 acusados de ponerse de acuerdo para "obtener un beneficio patrimonial ilícito defraudando al Servicio Público de Empleo Estatal" y eventualmente a la Seguridad Social. Por estos hechos, la Fiscalía pide penas de entre un año y medio y cinco años de prisión.

Según consta en el escrito de acusación provisional, estas empresas tenían una actividad económica que era "nula o a todas luces insuficiente para cumplir su objeto social y servir de base, consecuentemente, para la obtención de las prestaciones".

La Fiscalía estima que el beneficio ilícito obtenido rondaría los 100.000 euros

Los acusados tenían relaciones familiares entre sí, pidiendo el Ministerio Público para el supuesto cabecilla, un hombre de 69 años, una pena de cinco años de prisión y una multa de 3.000 euros por la presunta comisión de delitos continuados de falsedad en documento oficial cometida por particular, y de estafa agravada.

En la mayoría de las empresas, el trabajador contratado se dedicó a funciones administrativas, sin que constara la existencia de otros trabajadores "que realizaran cometidos que tuvieran que ver con la actividad económica de la empresa". Recibían, según la Fiscalía, "prestaciones por desempleo una vez terminada su relación laboral" o por baja.

Tenían domicilios en ciudades "distintas y distantes" de las de las sedes de las empresas, que fueron constituidas la mayoría en la década pasada en ciudades de la provincia como Granada y Motril. Ninguna de ellas tenía la autorización que habilita para la realización de trámites con la Tesorería de la Seguridad Social y en la mayoría de los casos no consta el pago del impuesto de sociedades.

Para conseguir las prestaciones se daba de alta al supuesto trabajador mediante un contrato simulado entre los acusados que actuaban como empleados y los que lo hacían como empresarios, que posteriormente los registraban en el INEM. El beneficio obtenido por este fraude puede rondar los 100.000 euros.