El grupo municipal de Ciudadanos ha presentado una batería de medidas que buscan ahorrar 15 millones de euros. Once más de los cuatro que el equipo de Gobierno socialista reunirá tras la modificación de la Ordenanza número 3 referente al impuesto de bienes inmuebles.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha sido el encargado de presentar este conjunto de medidas que van desde el ahorro en papel hasta el despido de cargos de confianza. "Hemos trabajado en medidas alternativas de reducción del gasto y mejoras en la gestión que ahora le corresponde asumir y cumplir al equipo de Gobierno respetando la voluntad del pleno" ha indicado Olivares que ha desgranado las medidas.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares.

La primera propuesta consiste en la puesta en marcha de la administración electrónica en un ayuntamiento que, a juicio de Olivares, "sigue anclado en el siglo XIX en esta materia". Según indicó, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte logró con esta medida 2,5 millones de euros. En la capital esta medida podría suponer 3 millones de euros.

En segundo lugar Olivares habló del "papel cero". Para el edil resulta insostenible seguir operando con cientos de papeles que suponen un alto coste económico pero también para el medio ambiente. "Se produce la pérdida de expedientes y provocan un alto coste sólo en servicio de envío de documentos de una administración a otra", ha indicado Olivares quien considera que esta medida también brindará transparencia. Según su opinión, no es lo mismo que un policía sancione mediante un aparato electrónico que con un papel. Esto conllevaría, según las cuentas que han elaborado, otros 400.000 euros.

La revisión de grandes contratos como la limpieza de colegios, alumbrado o mantenimiento de señales produciría un ahorro de 800.000 euros. "Los leds no tienen que revisarse en diez años pero seguimos pagando 200.000 euros en mantenimiento", ha explicado.

Respecto a la recaudación de multas, Olivares criticó de nuevo el "trasiego de expedientes". "Existe una unidad de reparto para llevar las sancionesde Los Mondragones", ha dicho el edil que alertó del incobro de las sanciones que se ponen a los residentes del Área Metropolitana por papeles que se pierden.

El edil también ha apostado por evitar la contratación de altos cargos cuyo puesto podrían desempeñar los funcionarios del Ayuntamiento y puso como ejemplo el puesto de la coordinadora de Movilidad que antes desempeñaba un funcionario y que supone 80.000 euros al año. Lo mismo ocurre con el titular de la Asesoría Jurídica que supone 100.000 euros mientras que, el director de Cultura cobra 80.000. "¿Me dicen que no hay dinero?", se ha preguntado Olivares.

La optimización de los inmuebles para evitar el alquiler de instalaciones supondría otros 370.000 euros.

Establecer la tasa a las eléctricas por el uso del dominio público aumentaría las cuentas municipales en 6 millones mientras que la mejora de la gestión de licencias permitiría ingresar 1,8 millones que se suman a otros 1,5 de establecer la tasa de cobro del servicio de extinción de incendios en el Área Metropolitana.

Con un paquete de medidas de estas características se podría amortiguar la subida del recibo por la revisión de los valores catastrales a la que está acogida el Ayuntamiento y las modificaciones que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa como los criterios de progresividad en las bonificaciones que se le aplican al recibo.

"Vemos que la suma de lo que se puede ahorrar e ingresar sin tocar la cartera de los granadinos es mucho mayor a 3,8 millones de euros que genera para el Ayuntamiento la subida de los impuestos: lo único es que esto último es mucho más sencillo para quien no pretende complicarse. La gestión, optimización y eficiencia son básicas para Ciudadanos".