Aplazado a julio el juicio contra una red internacional de narcotráfico y blanqueo radicada en la provincia de Granada

El juicio previsto para el próximo lunes en la Audiencia de Granada contra 17 acusados de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico por distribuir droga desde Dúrcal a Europa ha sido aplazado al próximo mes de julio por enfermedad de una de las abogadas.

La Sección Primera de la Audiencia había fijado siete sesiones para juzgar a los miembros de esta red internacional activa al menos desde 2014 y que utilizaba una vivienda alquilada en un polígono de la citada localidad granadina para almacenar, vender y custodiar la droga que luego distribuía por Europa, pero la enfermedad de una de las abogadas de la causa, el juicio ha sido aplazado al próximo mes de julio, ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los cabecillas de la organización criminal son una pareja que contaba con colaboradores fijos con responsabilidades repartidas, desde conductores que transportaban la droga o llevaban vehículos lanzadera para proteger los envíos, a encargados de seguridad, vigilancia o búsqueda de mercancía.

La Guardia Civil que investigó la causa logró la autorización judicial necesaria para registrar la base de Dúrcal en octubre de 2017, un registro en el que localizaron bolsas con diferentes cantidades de dinero, desde más de 35.000 euros a cerca de 20.000, y cerca de 50 kilos de marihuana valorada en más de 69.000 euros.

Días antes de ese registro y como fruto de la investigación policial, la Guardia Civil interceptó en Milagros (Burgos) un camión cargado con 183 kilos de resina cannabis y otros 257 de marihuana valorados en más de 730.000 euros.

Estas dos intervenciones se sumaron a otras registradas en octubre de 2017 y en las que también se intervino droga que la red iba a transportar a Europa desde Dúrcal.

Según la Fiscalía, los líderes de la red, sin un trabajo conocido, decidieron introducir las "ingentes ganancias" del narcotráfico en el mercado legal, para lo que utilizaron a su sobrina, también procesada, para crear una explotación ganadera y hotelera.

Compraron entonces una finca en Las Barreras (Órgiva) por 300.000 euros y realizaron reformas valoradas en 469.000 euros.

Además, sumaron terrenos por donaciones y compraventas tasadas muy por debajo del valor real, adquirieron coches de alta gama y una explotación ganadera y agrícola, una cabaña equina y una finca lechera que les permitió blanquear más de 366.000 euros.

La Fiscalía ha apuntado que la pareja tenía un patrimonio real valorado en 1,3 millones de los que 1.058.000 no se puede justificar de manera legal. Además, pusieron bienes a nombre de terceros, de familiares e incluso de sus cuatro hijos menores de edad, algunos con beneficios declarados de más de 30.000 euros.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de tráfico de drogas y dos más de blanqueo de capitales y ha pedido para la pareja penas de 18 y 13 años de cárcel, y el pago de hasta 6 millones en concepto de multas.

Los otros 15 acusados se enfrentan a penas de entre seis meses y ocho años de cárcel.