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Ha llegado el día. La Zona de Bajas Emisiones de Granada (ZBE) estará desde este miércoles a pleno rendimiento después de un año en periodo informativo. Este 1 de octubre el Ayuntamiento empezará a multar a los vehículos no autorizados que entren en el término urbano. Salvo excepciones, recogidas en la lista blanca, ya no pueden circular por la ciudad los vehículos altamente contaminantes de fuera de Granada, es decir, los que pagan su impuesto de circulación en otro ayuntamiento diferente al de la capital y que además son antiguos y por tanto no tienen etiqueta ambiental: los anteriores a 2001 si son gasolina y los anteriores a 2006 sin son diésel. Y ojo porque también afecta a las motocicletas, que no podrán entrar si no tienen etiqueta, que en este caso Tráfico no concede a las anteriores a 2003. Los ciclomotores están exentos, como también los empadronados en Granada, que aunque tengan un vehículo contaminante (sin etiqueta), podrán circular, de ahí las críticas de los pueblos del Cinturón de ser una medida discriminatoria.
Con esa premisa y esas normas, desde este miércoles los vehículos que entren en la ciudad sin deber hacerlo serán sancionados. Este trabajo se hará mediante las cámaras, por lo que la Policía Local hará meramente labor informativa si el conductor lo requiere, por lo que no habrá un dispositivo especial dado que el Ayuntamiento espera que la medida entre en vigor con total normalidad. No obstante, y con el afán de hacerlo de forma paulatina, desde Movilidad se avisa del sistema de multas: solo se multará una vez al mes por vehículo en octubre, una vez a la semana por vehículo en noviembre y ya todas las veces que entre en diciembre. Pero aunque no se manden todas las multas, las cámaras sí captarán todas las matrículas, por lo que sabrán las veces que se entra sin tener que hacerlo. La sanción es de 200 euros que se puede quedar en 100 por pronto pago.
Se trata de la gran medida de movilidad de los últimos años y sin duda del mandato de Marifrán Carazo, que a su llegada a la Alcaldía cambió el modelo anterior aprobado por dos corporaciones y basado en una almendra central para ampliarlo a todo el trazado urbano argumentando una mayor efectividad ya que el centro tiene actualmente restricciones y no veían la mejora. Con todo, se revisará en 2028 porque si no se ha conseguido lo esperado en cuanto a la mejora de la calidad del aire, habrá que tomar más medidas y ya habría que ampliar incluso a los residentes.
Tras años de trámites y no poco debates políticos, incluida una ‘sublevación’ de alcaldes socialistas del Cinturón, la medida, obligada por la Ley de Cambio Climático, llega ya a su aplicación total con el objetivo de quitar unos 10.000 vehículos al día de circulación.
Las restricciones están suavizadas en parte por la lista blanca, que permite que los coches vetados entren a la ciudad para algunos trámites que se pueden consultar en la web municipal. Una tarea, por cierto, que CSIF ha asegurado que tiene colapsada a la plantilla. “La carga de trabajo se ha visto incrementada notablemente hasta el punto de que más del 50% de las citas atendidas en las diferentes oficinas de registro municipales están relacionadas con la ZBE. A lo largo del verano no han dejado de entrar solicitudes y consultas a través de diferentes medios, llegando a acumularse más de 4.000 expedientes en la actualidad que están pendientes de resolver por el área de Movilidad”, subrayan desde CSIF, que situa al centro de Mondragones como el más saturado.
Desde la oposición se ha rechazado desde el principio el modelo de ZBE del PP. Y hasta el último día, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha asegurado que es “una oportunidad perdida” para mejorar la calidad del aire y la movilidad sostenible en Granada, acusando a la alcaldesa, Marifrán Carazo, de priorizar “cuestiones electoralistas y recaudatorias” sobre el bienestar de la ciudad. “Es una chapuza sin pies ni cabeza que no va a mejorar la vida de los granadinos ni la calidad del aire. Simplemente son palos en la rueda a los vecinos y un fracaso anunciado que no viene acompañado de mejoras en el transporte público”, dijo Ruz.
IU en Granada también lamentó ayer el modelo, que considera “recaudatorio” y que “no solucionará el problema de la contaminació”. La cordinadora, Mari Carmen Pérez, apuesta por facilitar alternativas públicas y promover una movilidad equitativa, como la creación de vías peatonales y carriles bici intermunicipales, así como la instalación de aparcamientos conectados al transporte público y un refuerzo de este.
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