La intención de derogar la actual Ley del Aborto y de revisar la expedición sin receta de la píldora poscoital ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones de mujeres que durante años han luchado para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Más de cincuenta asociaciones de toda la provincia han empezado ya a movilizarse ante las declaraciones del Ministro de Justicia y la Ministra de Sanidad y Consumo por lo que supondría un "retroceso" social de tres décadas.

Constituidas en la plataforma Mujeres en plural, antiguaComisión pro derecho al aborto de Granada, han elaborado un manifiesto para mostrar su rechazo a una versión "revisada" de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva que sólo contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los tres famosos supuestos y que es la que la que estuvo vigente desde 1985 hasta la aprobación de la ley actual, en 2010.

Esto supondría, según reza en el manifiesto, que "el aborto volverá a ser un delito salvo supuesto y no una práctica sanitaria a la que se tiene derecho hasta las 14 semanas de gestación".

La plataforma argumenta que la puesta en marcha de la ley en marzo de 2010 no ha supuesto un incremento del número de abortos, "que permanecen estables desde 2009", lo que demuestra que "el número de embarazos no deseados no depende de cómo se regule la interrupción voluntaria del embarazo sino de las políticas de educación sexual y reproductiva, así como de las facilidades de acceso a los métodos anticonceptivos".

Las portavoces de la plataforma señalaron ayer ante los medios de comunicación el contrasentido de que la edad de consentimiento vuelva a establecerse a los 18 años, por lo que ya no se podría abortar desde los 16 sin el consentimiento paterno mientras que "la Ley para la Autonomía del Paciente considera que la edad de consentimiento para otras prácticas clínicas, incluidas las que suponen un grave riesgo para la vida, es de 16 años".

Además, en España está permitido casarse sin consentimiento judicial a partir de los 16 años y con consentimiento judicial a partir de los 14 años, con lo cual, podría ocurrir que una pareja de casados con 16 o 17 años necesiten el consentimiento de los progenitores para tomar esta decisión.

Sobre la píldora poscoital, señalan que dificultar el acceso a este medicamento "que es de emergencia, no un abortivo" puede suponer un incremento de los embarazos y de las interrupciones de los mismos y que en el último año lo utilizaron el 3,9% de las mujeres en edad reproductiva, por lo que "no parece que esas cifras precisen medidas extraordinarias".

La plataforma manifestó ayer que su única defensa es la de "una maternidad y paternidad responsables" y que pedirán una entrevista con los partidos con representación parlamentaria, especialmente con el PP, para abordar este cambio legal "innecesario y lesivo para las mujeres".