Las familias afectadas por la promoción de 125 viviendas protegidas que no llegó a ejecutarse en los terrenos de La Azulejera de Granada capital han decidido no continuar con la reclamación de los alrededor de 240.000 euros que adelantaron en su día por estas casas, después de que el Ayuntamiento les haya devuelto aproximadamente una cuarta parte de ese dinero, la correspondiente a las penalizaciones que hubieron de pagar en su día.

Una de las vecinas de la Cooperativa La Azulejera, Nuria Cara, explicó que los informes legales del Ayuntamiento permitieron un reconocimiento de deuda para que pudieran recuperar unos 62.000 euros en concepto de penalizaciones, que les reingresaron a finales del año pasado a las 51 familias afectadas, según lo que invirtió cada una.

“Nosotros no tuvimos la culpa de que no se llevara a cabo la construcción de estos pisos”, indicó Nuria Cara. Según la misma versión, el Ayuntamiento, en su resolución, no dio el visto bueno para la devolución de los gastos correspondientes a las licencias de obras de las dos fases –112.500 euros–, y a los avales –60.000 euros–.

La portavoz de los afectados por esta promoción fallida, señaló que, pese a no haber recuperado todo lo que perdieron, no han “tenido que poner más dinero” si la cooperativa hubiera seguido el proceso de reclamación, al que también han renunciado a título particular las diferentes familias afectadas, todas ellas “muy humildes”, y algunas actualmente en viviendas sociales, después de perder los préstamos que pidieron para este proyecto.

Cara explicó que, tras una lucha que se remonta a 2010, los vecinos observaron “mucha más predisposición” por parte del actual equipo de gobierno, del PSOE, con cuyo alcalde, Francisco Cuenca, se reunieron, tras una “lucha de titanes” con el anterior ejecutivo del PP, el que lideraba José Torres Hurtado.

Los vecinos afectados también han reconocido la “ayuda” del portavoz de IU, Francisco Puentedura, en este proceso.

La junta de gobierno local de Granada aprobó en marzo de 2017 impulsar el trámite para materializar el abono de “la cantidad correspondiente a daños y perjuicios” que hubiera podido generar “el mal funcionamiento de la administración local” a la cooperativa de las familias afectadas por la promoción de La Azulejera.

Por otro lado, las áreas de Urbanismo y de Economía estudiaron cómo cumplir con la petición de estas familias para que les fuera devuelto el dinero que les fue retenido por unas viviendas que nunca se construyeron.

Se estudió “el margen de maniobra que las leyes dejan” para “la posible devolución de ciertas cantidades” que “fueron indebidamente cobradas”, teniendo que “buscar” el Ayuntamiento “el mecanismo para suplir” ese “maltrato con las personas que componían la cooperativa”, explicó entonces el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver.

En este caso, la Fiscalía archivó la investigación que había abierto por posibles irregularidades en la licitación pública de los terrenos de La Azulejera por parte de la extinta empresa municipal de vivienda y suelo, Emuvyssa.

Los vecinos de la Azulejera llevan años de lucha contra el Ayuntamiento. El área de Urbanismo acordó en 2008 edificar en un solar de la zona unas Viviendas de Protección Oficial (VPO) promovidas por la empresa de vivienda extinta Emuvyssa que no llegaron a construirse. Muchas de las familias que residían junto a la carretera de Víznar adelantaron un importe económico que sigue en manos del Ayuntamiento.

Los vecinos llegaron a recurrir al Defensor del Pueblo, que pidió una solución al municipio.