Los propietarios del inmueble situado en el número 6 de la calle Joaquín Costa, donde el pasado lunes la Policía Local procedió al desalojo de una decena de okupas, desatendieron el requerimiento del Ayuntamiento de Granada de realizar reformas por motivos de seguridad.

En octubre de 2010 ya se detallaron los múltiples desperfectos que presentaba el inmueble, situado muy cerca de Plaza Nueva, y el Ayuntamiento requería a los propietarios, los herederos de Miguel Castillo Moreno, según el documento, a realizar una serie de reformas. El edicto explica que en septiembre de 2010 los Bomberos tuvieron que intervenir para retirar algunas piezas cerámicas.

El Ayuntamiento de Granada le exigía la eliminación de esos elementos decorativos de la fachada susceptibles "de desprenderse a la vía pública a corto o medio plazo" y desmontar la marquesina del inmueble "que se encuentra en mal estado". También se le pide "el cierre efectivo de ventanas y sustitución de vidrios rotos".

Sin embargo, los propietarios no han actuado, ni entonces ni en febrero de este año, cuando la Gerencia de Urbanismo redactó un nuevo edicto que recoge el informe de 2010 y ordena "a la propiedad del inmueble que proceda a ejecutar las medidas que se detallan, concediéndoles un plazo de siete días hábiles para el inicio de las obras y 20 días hábiles para su total ejecución".

Sin embargo, pese a la claridad del edicto de la Gerencia de Urbanismo, esos arreglos no se han llevado a cabo. Según uno de los propietarios, José Miguel Castillo Higueras, a él únicamente le corresponde "una catorceava parte" del inmueble, que pertenecía a su padre, Castillo Moreno, y a otro socio. "Denota supina ignorancia" que no se haga mención al resto de herederos de la propiedad, critica. Además, "no me ha llegado" ninguna comunicación del Ayuntamiento que le exija ningún tipo de reforma. "Me han dicho que se la han remitido a mi padre", ya fallecido, alegó Castillo Higueras, ex concejal del Ayuntamiento de Granada. Según Castillo Higueras, fue una de sus hermanas la que "hace unos quince días" presentó una denuncia contra los okupas que se habían instalado en el inmueble hacía unas semanas. La intervención policial no se hizo esperar y el pasado lunes se produjo el desalojo, que concluyó con doce detenidos.

La decisión de desalojar la tomó el juez después de que los propietarios denunciaran que llevaban un año -según Europa Press, aunque Castillo Higueras alega que la denuncia de su hermana fue de hace quince días- sin poder acceder a su propiedad, cuando, según el propio edicto de Urbanismo -fechado en febrero- indicaba que el inmueble estaba desocupado, y la intervención de los Bomberos -en septiembre- para retirar piezas cerámicas de la fachada también parece indicar que allí no vivía nadie. El 17 de mayo, a los pocos días de ser okupado, los propietarios ya habían instado el procedimiento judicial para solicitar el desalojo, que finalmente se produjo a las seis de la mañana del 30 de mayo.

Una vez vacío, el acceso al bloque se ha sellado con una plancha metálica, pero el resto de elementos del edificio siguen tal cual estaban.