La implantación del servicio de alquiler de bicicletas continúa dando quebraderos de cabeza al equipo de Gobierno. Los grupos municipales de la oposición aprovecharon ayer la Comisión de Economía para lanzar una batería de preguntas al PSOE en cuanto a este servicio que prestan dos empresas que han sufrido daños en más de un centenar de bicicletas.

Entre los interrogantes destaca por qué el Ayuntamiento promociona la actividad privada de dos empresas, por qué no se ha sacado a licitación, cual es el contenido de los convenios que las regulan (de momento solo se conoce uno) o a quién se multa en caso de vandalismo (¿a la empresa o al usuario?) o dónde se deben aparcar (las empresas dirigen hacia aparcamientos públicos de la ciudad). Ante tantas demandas el portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, anunció ayer que se va a redactar un informe para aclarar los datos. Además, la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, anunció que la Policía Local va a estar vigilante con los actos incívicos y se va a actualizar la ordenanza que regula los desplazamientos en bicicleta. La concejal hizo un llamamiento al civismo a la ciudadanía para evitar los daños a los nuevos medios de transporte.