El Ayuntamiento de Granada ha recibido dos sentencias desfavorables de Transportes Rober, que ha ganado el derecho a percibir 1.163.105 euros por la liquidación del ejercicio de 2015 y al incremento en la partida presupuestaria de ese mismo año para la subvención al transporte urbano, que queda anulada. Dos sentencias millonarias que se corresponden a la gestión de los años 2015 y 2016 (PP) y que dan la razón a la concesionaria del transporte público.

En una de las sentencias, de las que se ha dado cuenta hoy en la comisión municipal de Economía -junto a otra tacada de más de cien sentencias en las que está involucrado el Ayuntamiento de la capital-, el TSJA estima el recurso de Rober frente a la resolución por la que se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio de 2015 (el que está ahora en vigor tras años de prórrogas) y se anula el presupuesto municipal de ese año en el punto relativo a la cifra consignadad para la subvención al transporte urbano, “de forma que la partida correspondiente deberá incrementarse en la cantidad necesaria para cubrir los costes estimados del servicio”. Una cantidad que no queda establecida expresamente.

El Ayuntamiento defendía que esa partida presupuestaria había sido incrementada con posterioridad a través de un suplemento de crédito, que dio lugar a su elevación en una cantidad cercana a los cuatro millones de euros. Pero Rober alegó que frente a la previsión de 10,2 millones de euros para la subvención del transporte urbano, el gasto real fue de 17,2 millones. “Aún incluyendo la modificación presupuestaria que se practicó en noviembre de 2015, por importe de 3.900.000 euros, quedaría sin cubrir una cantidad superior a tres millones”.

Por eso, conforme a los cálculos de la empresa, “sería preciso añadir al menos una cantidad adicional de 6,2 millones” por lo que debía el Ayuntamiento el año anterior (2,7 millones) y 3,5 adicionales por la diferencia entre los ingresos del servicio estimados por el coordinador de movilidad para 2015, “pues nunca podrán superar los 21,9 millones”. Además, esa deuda de 2,7 millones por la liquidación del 2014, se ha incrementado a fecha de la sentencia en 1,9 millones, lo que hace un total de 4,6.

El TSJA defiende que la primera sentencia la dictó un órgano incompetente al tratarse de una cuestión de orden público, por lo que se anula. Además, concluye que “existió un desajuste aproximado de 9 millones de euros entre la partida inicialmente presupuestada y los gastos que eran previsibles”, por lo que aún tomando en consideración el suplemento de crédito por importe de 3,9 millones, “la estimación consignada en el presupuesto debe reputarse manifiestamente insuficiente e inidónea para la adecuada cobertura del concepto subvención a transporte urbano”. También se condena al pago de 1.000 euros en costas en las dos sentencias.

Según ha dicho el concejal de IU Francisco Puentedura esto obligará a “dar crédito de 4 millones de euros más a la partida prevista de transporte público”, algo de lo que ya advirtieron.

La otra sentencia declara el derecho de Rober de percibir 1.163.105 euros en concepto de liquidación del ejercicio de 2015. Rober recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 18 de marzo de 2016 que aprobaba el expediente y la liquidación del ejercicio 2015 de 11.900 euros a favor del Ayuntamiento de Granada.

Según Rober, no se liquidó el importe total de los costes reales de 2015 conforme al contrato ya que no se hacía atendiendo al gasto real sino a estimaciones, algo que no está en las cláusulas del contrato.

En el fallo del TSJA se detalla que Rober acreditó que el importe total de los costos asciende a 17,7 millones y consta abonados 13,5, por lo que la diferencia de 4,6 es debida por el Ayuntamiento, que abonó 2,7 millones y la diferencia de 1,9 son costes, beneficio industrial e IVA no abonados.