El caso judicial sobre la construcción del edificio de la calle Obispo Hurtado donde el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y su exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto tienen sus viviendas acaba de aterrizar en la Audiencia Provincial de Granada para su enjuiciamiento. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que ha llevado la investigación de esta pieza desgajada de la macrocausa Nazarí (de supuesta corrupción municipal), ha remitido a la Audiencia 738 folios específicos de este caso, aunque se acompaña un pendrive con los más de 16.000 folios de todo el procedimiento). Constan como acusados José Torres Hurtado, Isabel María Nieto Pérez y el técnico que fue responsable de Licencias en el Ayuntamiento de Granada. 

Mediante una diligencia de la letrada de la administración de justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, este órgano da por recibido el procedimiento para su "enjuiciamiento y fallo". Para tal fin, conforme al turno establecido, se ha designado como ponente a la magistrada Aurora María Fernández García, que ya formó parte del tribunal que se encargó de enjuiciar el año pasado el conocido caso Serrallo, también contra Torres Hurtado y Nieto, junto a otra decena más de acusados. Aquella sentencia fue condenatoria (sólo del delito de prevaricación) para la exedil y para el mismo técnico ahora implicado, mientras que el exalcalde resultó absuelto.

A partir de ahora, las actuaciones remitidas por el Juzgado pasan a la magistrada ponente para que determine la pertinencia de pruebas y además quedan "pendientes de señalamiento" para el juicio.

El pasado septiembre, la jueza de instrucción María Ángeles Jiménez Muñoz acordó la apertura de juicio oral contra Torres Hurtado, Nieto y el alto cargo de Urbanismo por una de las piezas separadas del 'caso Nazarí', la conocida como expediente Obispo Hurtado, en la que se han investigado supuestas irregularidades en la construcción del edificio donde ambos políticos tienen su residencia.

El auto determina los presuntos delitos de prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias -este último delito no se atribuye al técnico-.

Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Granada pidieron el archivo de esta pieza, que está relacionada con supuestas irregularidades en una promoción inmobiliaria donde el exalcalde y su concejal de Urbanismo, así como sus respectivos núcleos familiares, "tenían participación". Una de las claves del caso es la tramitación urbanística que se hizo de las licencias del edificio, en las que pudo generarse un conflicto de intereses. También se detectaron una serie de irregularidades en la construcción que fueron sancionadas por los inspectores municipales, pero esta multa fue rebajada después.