La enorme investigación de supuesta corrupción municipal en Granada conocida como caso Nazarí se deshace de miles de folios -documentos, informes policiales y urbanísticos, y declaraciones judiciales- relativos a uno de los ocho expedientes urbanísticos que han centrado las pesquisas desde el inicio, en 2016. Se trata del convenio municipal del Cerrillo de Maracena (Plan Parcial T1), un asunto cuyo archivo acaba de ser confirmado por la jueza, al tratarse de unos hechos que ya fueron objeto de investigación y sobreseimiento hace ocho años.

"Pieza relativa al expediente Convenio Urbanístico T1". En un auto de abril del año pasado, la jueza del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez Muñoz, incluyó todo lo relativo a ese convenio municipal del Cerrillo de Maracena en la lista de las piezas separadas que tenía prevista para dividir la macrocausa a partir de ese momento. Era la sexta y última. Pero al final no ha llegado a ordenar su apertura, porque antes de eso dictaminó su archivo en noviembre pasado y ahora acaba de confirmarlo, en contestación al recurso de reforma de la acusación popular del PSOE.

Pero este archivo podría ir más allá de un simple adelgazamiento del caso Nazarí. O al menos así lo pretende la defensa de algunos de los principales investigados, la exconcejal Isabel Nieto y otros cuatro ex altos cargos de Urbanismo. En un escrito dirigido a la jueza, esta parte pide que se deduzca testimonio (lo que ocurre cuando en el transcurso de un caso surgen indicios de otros hechos delictivos) y la apertura de nuevas diligencias previas contra los acusadores, en especial el técnico del Ayuntamiento de Granada Jacobo de la Rosa. 

Entre los que Nieto y otros investigados señalan como posibles responsables de "denuncia falsa" o "mala fe" en sus acusaciones no está solo De la Rosa, funcionario que ha emitido informes (a su juicio engañosos para "confundir" a la Policía). Gran parte de las duras críticas van dirigidas contra el Partido Socialista, que fue precisamente el que llevó este asunto a los tribunales hace años, cuando el juzgado ordenó el sobreseimiento (lo que a efectos judiciales es una sentencia absolutoria). 

"Es evidente la mala fe (...) puesta de manifiesto por la acusación en este supuesto, donde vuelve por tercera vez el PSOE a insistir en la misma denuncia", expone el letrado firmante, Ernesto Osuna. Insiste en que se trata de una "acusación claramente temeraria", además de "calumniosa o de una conducta procesal maliciosa". Se quejaba en ese escrito de la falta de fianza exigida a los socialistas para responder por los "perjuicios tanto económicos como morales" que esta acusación podría ocasionar con el recurso que pretendía mantener viva la investigación del Cerrillo de Maracena y la apertura de la pieza separada. 

En relación a esto, para dar curso al recurso, la jueza exigió al PSOE el pago de una fianza de 5.000 euros, dado que la Fiscalía no estaba conforme con seguir adelante en este asunto y también promovió el archivo por tratarse de cosa juzgada. Los socialistas pagaron esa cantidad en diciembre pasado, pero por el momento de poco les ha servido porque la jueza acaba de rechazar el recurso y confirmar el archivo, mediante un auto del 31 de enero pasado. 

Isabel Nieto, el ex director de Obras Manuel Lorente, y otros altos cargos de Urbanismo investigados no se han conformado con ese auto que confirma el archivo y acaban de enviar un escrito al juzgado para recordarle a la magistrada su petición de abrir diligencias de investigación por una supuesta manipulación de documentos, por parte de los acusadores, que habrían hecho para incrementar en 4 millones de euros el valor de la deuda que constaba en ese expediente. 

No es la primera vez que el PSOE se ve salpicado por estas acusaciones. Tras aquel archivo del caso en 2012, los ocho concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada (con Paco Cuenca a la cabeza) también fueron investigados por denuncia falsa, si bien el asunto quedó sobreseído casi de inmediato. 

En esta ocasión, las denuncias de los investigados del caso Nazarí se centran sobre todo en el antiguo director de Urbanismo Jacobo de la Rosa, al que acusan de "manipulaciones documentales" para elaborar informes en su contra. Contra el PSOE, las críticas de Nieto y los otros investigados del caso Nazarí con quienes comparte defensa son más genéricas: "Parece que ya asume como normal la mala utilización de la figura de acusación popular por parte de partidos políticos que aprovechan para trasladar la trifulca política fuera de sus escenarios y hacer mayor espectáculo y daño político al adversario valiéndose de los juzgados de instrucción, desvirtuando el fin legítimo de esa figura de acusación popular, que debe responder a un interés público y no privado".