El exalcalde José Torres Hurtado y otros acusados del caso Serrallo han presentado ya al Juzgado algunos bienes de su propiedad para cubrir la fianza millonaria impuesta. Pero la mayoría de esos pisos, casas y fincas ya están trabadas judicialmente por otro caso, el Nazarí, desde 2016, cuando todos ellos fueron detenidos y la jueza ordenó impedirles la disposición de cualquiera de sus propiedades.  

Pisos en calle Gomérez, Ancha de Gracia y Parque Lagos, una casa en la Costa del Sol y una gran finca rústica son algunos de los bienes aportados para cubrir la fianza judicial de 2 millones de euros que la jueza del caso Serrallo ordenó el pasado mayo en el auto de juicio oral, por el que los 16 investigados hasta ese momento fueron conducidos a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial, previsiblemente el año próximo.

A pesar de los intentos por evitar el pago de esta fianza a través de recursos y la aportación de pólizas, al final la jueza ha dado esta semana a todo los acusados un ultimátum para que aporten una lista de bienes que sirva para responder por los 2 millones de euros de fianza impuesta en previsión de futuras responsabilidades económicas por la construcción de una discoteca junto al Serrallo en un suelo reservado para parque infantil. 

Los primeros en responder a esta exigencia han sido Torres Hurtado, la exedil Isabel Nieto, el que fue gerente de Urbanismo Manuel Lorente y otros técnicos municipales. Todos ellos han presentado documentos registrales relativos a bienes que no son sus viviendas principales. El exalcalde, por ejemplo, ha aportado un piso en calle Gomérez de 67 metros cuadrados, junto a una plaza de aparcamiento en el mismo lugar. 

Nieto ha aportado una vivienda en Ancha de Gracia y Lorente, una casa en Fuengirola. También hay fincas con viviendas de campo. Y a esto hay que añadir los pisos que ya aportaron los concejales del PP, Juan Antonio Fuentes y Telesfora Ruiz, aunque la jueza les ha reclamado ahora las escrituras. 

También afecta esta fianza a varias empresas, incluida la propietaria del Serrallo. La jueza ha pedido que entregue una relación detallada de todos sus bienes, sin dejarse ninguno, bajo la amenaza de intervenir judicialmente la propia mercantil.

En cuanto a los bienes presentados ahora por Torres Hurtado y otros, ya están trabados en su mayoría por el Juzgado del caso Nazarí (casualmente el mismo que el del Serrallo, pero en causas diferentes). El mismo día que se prepararon las detenciones y los registros de la operación Nazarí -desplegada por la Policía el 13 de abril de 2016-, la jueza de Instrucción 2 ordenó una serie de medidas cautelares, como la de remitir a 21 Registros de la Propiedad la orden de poner anotaciones que alertaran sobre la prohibición de disponer de sus bienes, un embargo que se mantiene dos años y medio después. 

Grandes chalés a las afueras de Granada donde viven importantes constructores, viviendas en las calles más céntricas de la ciudad, casas y pisos en municipios costeros como Marbella, Torrox, Almuñécar o Motril, fincas de cultivo en el interior de Andalucía y un amplio catálogo de garajes. El Juzgado que instruye el caso Nazarí mantiene un embargo preventivo sobre más de 80 propiedades de los investigados en esa causa, que se sigue en paralelo a la del Serrallo (aunque coincidan muchos de los investigados) para garantizar que se puedan cubrir las posibles responsabilidades económicas de los hechos delictivos que se sospechan.