Los acusados del caso Serrallo, que irán a juicio en la Audiencia Provincial por la construcción de una discoteca en una zona reservada para espacios libres, acaban de recibir un ultimátum de la jueza instructora para que afronten estos días, "sin excusas ni pretexto" los dos millones de euros de la fianza impuesta como cantidad necesaria para garantizar las posibles responsabilidades económicas futuras de una posible condena. 

La magistrada María Ángeles Jiménez ordenó en mayo pasado que todos los acusados pusieran a disposición del Juzgado una fianza de 2 millones de euros, a pagar de forma solidaria entre todos los posibles responsables. Fue una de las decisiones incluidas en el auto de apertura de juicio oral. A partir de aquel momento, los afectados han presentado recursos, quejas ante la Audiencia y hasta una póliza que a su juicio cubría el pago de la fianza. 

En concreto, el exalcalde José Torres Hurtado presentó en el juzgado, en junio pasado, un seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Granada que, según esta parte, cubriría este tipo de fianzas penales que puedan afectar a representantes políticos y funcionarios municipales. En estos últimos meses, el Juzgado ha tratado de aclarar con la compañía Segurcaixa Adeslas la cobertura de esa póliza. 

La empresa envió desde Barcelona un escrito en el que rechazaba hacer frente a los dos millones de euros, al considerar, entre otras cosas, que el seguro no cubre los años en los que se produjeron los hechos investigados en el caso Serrallo. 

La jueza rechaza intervenir en el debate sobre la cobertura de la póliza municipal aportada por Torres Hurtado

A los concejales del PP y funcionarios que se adhirieron a esa petición de Torres Hurtado, el Juzgado les ha notificado esta semana una providencia individualizada en la que explica que ante la aportación de la póliza y la contestación de la compañía, "este juzgado no puede ni debe participar de un debate jurídico incluso en una cuestión prejudicial previa sobre el seguro que aportan para garantizar las fianzas" y, por tanto, procede "continuar con la exigencia" decretada el pasado 21 de mayo en el auto de apertura de juicio oral.

"Requiérasele para que sin excusa ni pretexto señale o aporte bienes y títulos de propiedad para cubrir el importe de las cantidades exigidas solidariamente en la cuantía de 2 millones de euros", ordena la jueza en las 16 providencias dirigidas a cada uno de los acusados que tendrán que sentarse en el banquillo. También tendrán que asumir la responsabilidad de esa fianza otras 9 personas y empresas que la instructora ha señalado como posibles partícipes a título lucrativo o responsables civiles subsidiarios de este caso. 

"Desobediencia grave"

En el caso del único empresario acusado, Roberto García Arrabal, la providencia que lo emplaza a contribuir a la fianza le otorga 10 días de plazo para aportar una relación "concreta de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a la cantidad de 2 millones de euros". En particular, el promotor debe aportar información sobre las posibles cargas y gravámenes que afecten a los bienes afectados. En el caso de que sean inmuebles, la jueza pide que se especifique si están ocupados, por qué personas y con qué título. 

La magistrada apercibe de que si todo eso no es verificado en el plazo acordado, "podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave y, en su caso, con imposición de multas coercitivas periódicas". Le advierte de que no puede incluir en la relación bienes "que no sean suyos" u otros que sean propios pero "susceptibles de embargo".

Las casas de los concejales

Sólo dos de los acusados habían presentado en estos casi seis meses desde que la jueza ordenó el pago de la fianza han aportado bienes como forma de afrontar la fianza. Los concejales del PP Juan Antonio Fuentes y Telesfora Ruiz remitieron al Juzgado datos sobre sus viviendas y planes de pensiones, pero la magistrada les pide ahora que, para poder proceder al embargo, aporten los títulos de propiedad de esos bienes.

Los recursos, en paralelo

Algunos de los acusados, como los ex concejales Isabel Nieto y Francisco Ledesma han presentado en la Audiencia Provincial apelaciones contra la imposición de la fianza. La magistrada instructora ha advertido en sus providencias que este tipo de recursos no son suspensivos, lo que significa que no paraliza el proceso. Por tanto, el Juzgado puede exigir el pago de la fianza, con independencia de la decisión que adopten al final los magistrados que resuelvan el recurso dentro de algunos meses.