El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este martes comisión extraordinaria de Economía para el debate y aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, el primer instrumento que necesita un gobierno para elaborar sus presupuestos y que el el equipo de Carazo tenía que gestionar para marcar su línea económica. Y el titular de resumen que ofrece el equipo de Gobierno es que hay rebaja fiscal y el de la oposición, que todo lo contrario, que se suben impuestos. Una controversia que sigue sobre la mesa tras la comisión y que ya ira a debate en Pleno tras plazo de alegaciones, que el PSOE ya ha dicho que presentará.

Antes de la comisión, el portavoz municipal aseguraba que era un "primer paso muy importante en la política económica del Ayuntamiento para cumplir el compromiso de tener en tiempo y forma los presupuestos tras los intentos fallidos de gobiernos anteriores". En realidad, el PSOE aprobó un presupuesto en 2022, que prorrogó en 2023. El gobierno anterior, de PP-Cs, también consiguió sacar adelante en 2020 unos presupuestos tras cinco años prorrogados con el apoyo del PSOE, cuentas que se prorrogaron para 2021. Ahora, le toca al equipo de Carazo hacer sus presupuestos para tener una herramienta para "poder ejecutar proyectos y cambiar y transformar la ciudad".

Saavedra ha dicho que las ordenanzas son el primer paso para que "la presión fiscal no suba sino que vaya bajando de manera progresiva" a pesar, ha dicho, de encontrarse 18 millones sin dotación presupuestaria y una situación difícil en el área económica. "Ese compromiso de no elevar la presión fiscal sigue vigente y luego ir bajando impuestos a los granadinos y a los que crean riqueza", ha dicho Saavedra.

Polémica con los cambios en el IBI de comercios

Tras varios días de críticas por parte del PSOE con datos sobre la modificación en concreto del IBI, donde se ha rebajado el tipo pero modificado los umbrales, un hecho 'trampa' para el PSOE, el portavoz del gobierno ha dicho a los comerciantes tradicionales que "no verán aumentado un céntimo el IBI. Pagarán lo mismo que antes y quien diga lo contrario no conoce las ordenanzas, no las ha leído o falta a la verdad".

Lo que se hace es una modificación en el tipo diferencial del IBI para uso comercial bajando de gravarla del 1 al 0,9%. Y aunque reconoce que se modifican los umbrales, bajando el valor catastral, eso supondrá que haya más contribuyente pero "no va a afectar al comercio tradicional porque el tipo diferencial solo afectará a aquellos locales con valor catastral superior a 138.000 euros (antes el umbral estaba en 400.000 euros) y eso no está ocupado por un comercio tradicional. Sabemos a los locales que afectan y a los que no".

Así, han dicho tener un estudio con los valores catastrales y ha puesto como ejemplo dos barrios como Chana o Zaidín. En la calle Sagrada Familia "solo hay tres locales con valor catastral superior a 138.000 euros y los propietarios son sociedades. En el Zaidín, en la Avenida de Dílar, solo tres locales lo superan, dos de sociedades y uno de una persona física alquilado a una gran cadena de ropa deportiva, por lo que podemos garantizar que la modificación de las ordenanzas si se estudian en profundidad no van a agravar al comercio tradicional sino que baja el tipo según el uso comercial".

Según el gobierno local, el 90% de los locales de Granada van a seguir gravados al 0,63%, por lo que solo el 10% de los locales de la ciudad pagarán el 0,9%. 

La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado que proponen una modificación no solo del IBI sino otras modificaciones en el impuesto sobre actividades económicas, en las plusvalías, también en el impuesto de vehículos de tracción mecánica y una modificación de la tasa por reserva de espacio de la vía pública. "En la mayoría el objetivo es mejorar la gestión tributaria para mejorar la gestión de cobro o aportación de ingresos al Ayuntamiento".

Y aunque no ha dado el dato de lo que esperan recaudar con las ordenanzas fiscales, sí ha dicho que en IBI se recaudará un millón de euros más. 

Este martes ha sido la comisión extraordinaria de Economía para debatir las ordenanzas fiscales.

Pallarés ha defendido los cambios en las "deficiencias" detectadas en la recaudación de impuestos y en el cumplimiento de la legalidad, asegurando que se han visto "obligados a modificar los tipos diferenciados del IBI porque la ordenanza de 2023 es contraria a la legalidad". Un extremo que ha dicho también en comisión y que ha generado la preocupación de Vox y las críticas del PSOE, que ha defendido que siempre se ha actuado según los informes técnicos y del tribunal económico administrativo del Ayuntamiento. 

Adaptación a la legalidad

"¿Por qué no se respeta la legalidad en 2023? porque la ley señala que los ayuntamientos pueden incrementar el tipo diferenciado por el uso que tienen los bienes inmuebles y nunca para los inmuebles de uso residencial (viviendas, trasteros o garajes). Podemos incrementar para los otros usos pero la ordenanza contempla los usos que la ley contempla y otras clases de bienes que no pueden tener esa categoría, por eso desaparecen esos usos" y se simplifican a seis, que se mantiene al 1% a todos menos a los locales comerciales, que los bajamos del 1 al 0,9%. "Al único uso que vamos a rebajar es a los locales comerciales. El bajar el umbral a 138.000 y también el umbral del uso industrial es porque hemos hecho un estudio previo para gravar a ese tipo el 10% de los inmuebles que con ese uso están en el término municipal de Granada y no al 10% cualquiera sino a los de mayor valor catastral, por lo que nada de incrementar la imposición a pequeño comerciante o pequeño profesional", ha aclarado la concejal. Solo por IBI esperan recaudar unos 76 millones. En cuanto al IBI general, el de las viviendas, no se toca y se mantiene igual.

En cuanto al uso de oficina, el valor catastral debe superar el valor de 250.00€ para estar en el 1%, no habiendo ninguna oficina en este tramo ni en Avenida de Dílar ni en la calle Sagrada Familia, ha señalado Pallarés, “lo que demuestra que este tipo solo afectará a oficinas de gran valor”.

Otras modificaciones

En el IAE se modifican dos bonificaciones, la de instalación de renovables y la del plan de transporte de la empresa, que tendrán una validez de un año y de cinco, respectivamente, el periodo calculado para amortizar la inversión. 

Respecto la Impuesto  de Vehículos la reforma afecta a la baja definitiva de un vehículo. Si en el momento de la baja está en periodo de pago voluntario se podrá solicitar una liquidación para que le prorratee el recibo para que abone solo lo que le corresponde. Si no se pagaba la cuota anual y luego tenía que pedir la devolución, lo que paraliza la gestión. 

Además, el Ayuntamiento tiene pendiente de exigir al Estado por los centros educativos concertados, con lo que espera recibir 3,2 millones de euros más.

El cambio en las plusvalías es que por ley se permite al contribuyente calcularla por el método objetivo, el que estaba, o por coste real, a opción del sujeto pasivo. Cuando quiera pagar con el coste real, para que la administración tributaria municipal la pueda calcular, tiene que colaborar con documentación para comprobar el coste. Si el sujeto no la aporta, se le va a calcular por el método objetivo. 

En cuanto a la tasa de ocupación, se pedirá en las mudanzas, además del pago de la ocupación de vía publica, que se llevará a la cota mínima, un depósito previo para asegurar que se cobra la tasa.

Ya en comisión, Pallarés se ha mostrado "sorprendida" por haberse encontrado unas ordenanzas fiscales que "contradicen" la ley reguladora de hacienda local en su artículo 4, en cuanto al nombramiento de sustitutos en el caso de que un bien esté sujeto a varias concesiones, haciéndose pagar por todo al que tenía un canon mayor. Eso se suprimirá. 

También ha explicado que tener tantas categorías en el IBI en los tipos diferenciados como antes (12 frente a 5 de ahora) "incrementas el 10% máximo al que aplicar" ese tipo diferencial, por lo que "se gravaba más antes y era contrario a la ley según la sentencia del Supremo de enero de 2023".

Críticas de la oposición

Los dos partidos de la oposición, PSOE y Vox, han afeado al equipo de Gobierno que no acompañe el expediente de modificación de ordenanzas de un informe económico donde diga lo que se espera recaudar: "qué se gana y qué se deja de ganar", ha dicho la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, que ha expresado sus dudas sobre la reducción de categorías y el perjuicio a los negocios y oficinas de mejor valor catastral. 

La concejal del PSOE Raquel Ruz ha criticado también la ausencia de informe económico y la falta también del número de locales afectados por el cambio en el IBI, "el meollo" de las ordenanzas fiscales, por eso han pedido, como habían anunciado, dejar el expediente sobre la mesa para negociarlo "y que no sea un perjuicio para los pequeños comercios". Porque el PSOE mantiene que saldrán perdiendo.