Granada

Los 845.690 euros ya están gastados

  • Un perito externo tasó el edificio cuando aún era municipal en 1,2 millones, a petición del banco y de la empresa que iba a recomprar el palacio en diciembre

El edificio está parcialmente alquilado para espectáculos flamencos nocturnos.

El edificio está parcialmente alquilado para espectáculos flamencos nocturnos. / carlos gil

El precio final de venta del Palacio de Santa Inés ha supuesto para el Ayuntamiento de Granada el ingreso de 845.690 euros, de los cuales una parte ya la había ido recibiendo en los 4 años anteriores mediante las cuotas de alquiler y una prima inicial. Una vez deducida esa parte, el último pago para formalizar la operación, mediante un cheque que entregó el notario en mano al alcalde en enero de 2018, fue de 754.489 euros. En un escrito de mayo pasado, el Ayuntamiento advierte al juez de que ese dinero ya está invertido.

"El ingreso materializado en el ejercicio de opción de compra" del edificio número 6 de la calle Santa Inés ha sido utilizado por el Ayuntamiento de Granada para financiar el proyecto de regeneración de Santa Adela (en el Zaídín) y para cubrir el 20% necesario de aportación municipal a los fondos europeos Edusi, que es la bolsa económica que está utilizando el Ayuntamiento para casi todos los proyectos de inversión emprendidos.

El gobierno local dice al juez que se ha invertido en Santa Adela y en otras obras

Todo estas explicaciones dirigidas al juez y firmadas por la concejal de Cultura y Patrimonio, María de Leyva, tienen como fin argumentar los perjuicios para la ciudad que, a su juicio, podría generar una decisión judicial que dejara el proceso de venta en el aire o incluso fuera anulado.

"La suspensión de la ejecuión del acto (de la venta) sí originaría perjuicios para el interés público al impedir financiar los proyectos de interés público reseñados y comprometidos por la Administración municipal", exponía la edil en su escrito del 11 de mayo.

Esta alusión de la representante del gobierno local a los "perjuicios" para el Ayuntamiento está relacionada con los argumentos aportados por la denunciante para pedir la nulidad del acuerdo de venta. "Las condiciones de este negocio jurídico podrían ser más beneficiosas para la Administración de haberse seguido el procedimiento establecido legalmente". Es decir, si se hubiera anulado la opción de compra, la empresa interesada tendría que haber pagado el importe íntegro de la venta, sin descontar las cuotas de alquiler anteriores. Y además, expone la edil, se podría haber puesto un precio de venta no sujeto a las cláusulas de un pliego aprobado en 2013, en plena crisis económica.

Un indicador sobre el valor real que podría tener ahora ese edificio (sin estar sujetos al acuerdo alcanzado en 2013), es la tasación realizada por un perito externo para permitir la operación hipotecaria del inmueble que facilitó el proceso de reventa a la empresa que es actual propietaria.

Esa tasación de Aesval Logística de Valoraciones SL, requerida por la empresa Plabana España (la que iba a recomprar el palacio), se hizo el 20 de diciembre de 2017 (días antes de la firma del alcalde en Notaría) y concluye que el edificio tiene un valor de 1.217.091 euros.

Ese valor fijado por la tasación para la hipoteca del Banco de Castilla La Mancha, supone un incremento de 370.000 euros sobre el precio por el que el Ayuntamiento formalizó la venta días después a la empresa Ciudad de los Cerros SL, que sólo debió de ser propietaria del inmueble unos minutos el día 29 de diciembre de 2017, pues su representante en aquel acto con el alcalde firmó allí mismo la reventa al administrador de Plabana España SL por un precio casi idéntico. Esta sociedad, dedicada al comercio y distribución de ropas de vestir, con domicilio social en Granada, compró el palacio por 850.000 euros.

El préstamo hipotecario que otro representante de la mercantil estaba firmando a la vez en un pueblo de Toledo fue de 762.300 euros, una operación avalada por una larga lista de fiadores.

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