El exalcalde socialista de Granada Francisco Cuenca está a un paso de ver cómo se diluyen los nubarrones de su situación judicial y así encontrar más despejado su horizonte político para los próximos años. Investigado y procesado hace un año por un juez de Sevilla en el caso relacionado con la contratación de empresas privadas para la inspección de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, el político quedará apartado de la causa en la próxima resolución del magistrado, que ya cuenta con la petición de archivo del fiscal del caso. 

Hace ahora un año, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, puso fin a una larga investigación y procesó a 19 personas, entre los que se encuentra el exalcalde socialista de Granada, por hechos relacionados con su anterior cargo de  delegado provincial de Innovación. Los implicados quedaban así a las puertas de un posible juicio por cinco posibles delitos, entre ellos prevaricación, fraude en la contratación administrativa o falsedad.

La causa está pendiente de que el juzgado notifique el auto en el que puede abrir juicio oral o archivar para cada uno de los supuestos implicados. Para Francisco Cuenca, la situación se presenta favorable a sus intereses porque, según ha podido saber este medio, el juez comparte el criterio del fiscal, que ha abogado en su último escrito por apartar de este caso al anterior alcalde de Granada.

De este modo, sobre el político socialista solo quedaría la acusación particular del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que dio origen a la causa por su denuncia de usurpación de funciones públicas. Esta parte procesal ha reclamado para Cuenca dos años de cárcel y diez de inhabilitación por dos de los delitos señalados para el conjunto de los 18 procesados. 

Antecedentes con luces y sombras

La posición del fiscal no es en realidad una sorpresa porque ya hace casi dos años se pronunció a favor del archivo para Cuenca en este caso, en respuesta a una de las peticiones del político. El Ministerio Público apoyaba parcialmente la petición de sobreseimiento, pero sólo por los hechos relacionados con la supuesta usurpación de funciones, al haber externalizado la Junta un trabajo de inspección que le correspondería a los funcionarios públicos. 

En aquel informe, el fiscal Gabriel González sostenía que aquella contratación era una forma de actuar que estaba dirigida por la Dirección General de Sevilla, de ahí que apoyara la petición de archivo provisional solicitada por Francisco Cuenca, que era delegado en Granada de la Consejería de Innovación en el momento de los hechos investigados. Esto casaría con la tesis de su defensa, que insiste en el seguimiento de las directrices marcadas por los altos cargos en Sevilla.

Pero el fiscal añadía entonces que las "posibles irregularidades advertidas en la celebración de los contratos menores de servicios" en el caso de la Delegación de Granada (que justifican la imputación de Cuenca por prevaricación y malversación de caudales públicos) "deberían ser investigadas, tras la deducción del oportuno testimonio, por los juzgados de instrucción competentes, a los que también corresponderá la valoración de la actuación de los contratistas".

El entorno de Cuenca temía desde entonces que el juez Vilaplana pudiera tomar ese camino indicado por el fiscal y deducir testimonio para que se abrieran nuevas diligencias en Granada respecto de algunos de los hechos relacionados con este caso y que se fueron conociendo conforme avanzaba la investigación.  

En los últimos recursos presentados contra el auto de procedimiento abreviado por algunos de los investigados en situación similar a la de Cuenca, como los delegados de otras provincias andaluzas, la Fiscalía también se ha posicionado en algún caso a favor de deducir testimonio para remitir parte de los hechos a sus respectivos partidos judiciales. La defensa de Cuenca no recurrió aquella resolución y quedó a la espera de la decisión del juez instructor, que ahora se inclina por el archivo para el exalcalde, que eludiría así sentarse en el banquillo de los acusados.

Objetivo: recuperar la Alcaldía

Francisco Cuenca llegó a la Alcaldía de Granada en 2016 precisamente tras la detención e investigación judicial de su antecesor en el cargo, José Torres Hurtado, por el caso Nazarí. Pero en las elecciones municipales de 2019 no pudo mantener el gobierno local de Granada del lado socialista. Pese a ser el candidato más votado, no obtuvo el suficiente respaldo en las urnas para sumar una mayoría de izquierdas, lo que dejó el camino despejado a la coalición de Ciudadanos y PP, con el apoyo de Vox. 

En aquella cita electoral, la investigación judicial de Francisco Cuenca por esta causa ya pesaba sobre él, lo que fue un motivo esgrimido por otros grupos políticos como Podemos-IU y sobre todo Ciudadanos para descartar una coalición de gobierno, además de haber sido un factor negativo para los electores. La liberación de este asunto puede suponer un respaldo para su posible reelección como candidato socialista a la Alcaldía en 2023 y en sus aspiraciones de recuperar el despacho de la Plaza del Carmen.