La concejal y portavoz de Vamos Granada ha solicitado hoy en el Consejo de Emucesa la revisión de las exhumaciones que se han realizado y de las caducidades de las concesiones del cementerio de Granada y que afectan a casi 5.000 enterramientos, ya que se hicieron por un Reglamento de Servicios que no fue aprobado por el Pleno y por tanto podrían ser nulas.

El Reglamento de Servicios regula, entre otras cosas, los derechos y obligaciones de quienes hacen uso del cementerio mediante la adquisición de una concesión para el enterramiento. “En marzo de 2015, antes de las pasadas elecciones, se tramitó y publicó en BOP, aunque sin elevarlo a aprobación de Pleno como es obligado, un nuevo Reglamento que introducía artículos que suponían cambios de gran trascendencia, y que han dado lugar a estas caducidades y exhumaciones”, declara Gutiérrez.

La concejal señala que estos artículos suponen la obligación de cambiar el titular antes de 18 meses desde su fallecimiento (o de 6 meses desde la vigencia del reglamento) e imposibilitan el pago del canon de conservación por nadie que no sea el titular. También se introdujeron como causas de caducidad de la concesión el incumplimiento de estas obligaciones, tanto del cambio de titular como del impago del canon de conservación, caducidad que permite a la empresa la exhumación del enterramiento.

Estas modificaciones, que serían nulas al no haber sido aprobadas por el pleno, han dado lugar a la caducidad de 5.000 enterramientos y la exhumación de muchos de ellos, en un número que todavía no se ha informado al Consejo. “Todo este proceso ha generado mucho sufrimiento a las familias y allegados, que en la mayoría de los casos no tenían conocimiento de los cambios. Personas que siempre habían pagado el canon, han visto que se les negaba la posibilidad de hacerlo”.

Desde 2016, la empresa habría ingresado por los cambios de titular 224.153 euros. Esto, sumado a la deuda por el canon de conservación que habían acumulado algunas concesiones por el desconocimiento de la introducción de este nuevo pago, daba unos importes -desde 60€ a más de 800€ por cesión a terceros- que para muchas familias era inasumible en los plazos que se dieron, negándose además la posibilidad de fraccionamiento.

“Hay numerosos casos en que no son familiares, sino vecinos o amigos, quienes siguen pagando el canon por compromiso con el fallecido, y que no tienen ningún interés en adquirir el derecho de enterramiento asociado a la titularidad. Para esto hemos pedido solución en prácticamente cada Consejo, sin que se haya hecho nada al respecto. Estamos de acuerdo en que debe haber un proceso de actualización de los titulares, y también de las vías de comunicación con los mismos, así como una toma de conciencia de nuevas obligaciones, pero este proceso se debe facilitar, en ningún caso puede servir para hacer una caducidad masiva de las concesiones con el objetivo de tener amplia disponibilidad de enterramientos para venderlos de nuevo”, dice.