Catherine -nombre ficticio para dirigirnos a ella- a sus 63 años, era una persona "culta, vital y joven", que veía cómo cada vez su vida se iba consumiendo poco a poco. Francesa de origen, residía en la localidad granadina de Dúrcal, donde hace cinco años recibió una noticia cambió su vida por completo. Hacía tiempo que ella sentía que el cansancio le impedía realizar plenamente cualquier actividad, algo frustrante para una persona jovial y activa, como lo era ella. Fue entonces cuando tras diversas pruebas y tras un primer diagnóstico en el que creían que su estado se debía a una "fatiga crónica", se detectó lo que tenía: párkinson, una enfermedad degenerativa y sin cura que de forma rápida la convirtió en una persona dependiente. Eso justo era "lo que nunca hubiera querido", relata Pascale, amiga que vivió todo el proceso junto a ella. Catherine ha sido la primera persona en en solicitar y conseguir ejercer el derecho a la eutanasia en Andalucía.

"Hace dos años empezó a empeorar, su dependencia volvía cada vez más fuerte y cuando vio que no tenía cura, que su calidad de vida iba a peor, empezó a hablar de la eutanasia", relata Pascale, en declaraciones a Granada Hoy. Sin embargo, la eutanasia aún no era ley. Ante ello, Catherine ya había mirado otras opciones, países como Suiza, donde sí era legal, por poner un ejemplo, pero la gran cantidad de costes que suponía, además de las dificultades de salud que ya presentaba, le hacía imposible poder permitírselo.

Tras dos décadas de arduo debate (social y legislativo) que parecía no tener fin, esta ley, que regula la prestación de ayuda para morir, entró en vigor el pasado mes de junio de 2021, tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados el 25 de marzo. "Que la ley se aprobase para ella fue tener un proyecto de vida, aunque suene raro y triste, porque eso le dio luz para poder elegir y liberarse", relata Pascale. Sin embargo, "había muy poca información y aún en Andalucía no estaba formada como tal la Comisión que se encarga de regular esto", explica Pascale.

Y es que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) contempla el derecho a la eutanasia para aquella persona que sufra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o padezca una enfermedad grave e incurable, en ambos casos causantes de un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable. Este, precisamente, era el caso de Catherine, aunque, según explica Pascale, al principio se encontró con algunas trabas para poder realizar la solicitud.

"Se dirigió a su médico de cabecera, pero tardó un mes en visitarla en casa, porque ella no podía desplazarse, pero no estaba muy a favor de hacer la petición. Eso fue muy duro para ella, por lo que buscamos otro médico, un profesional sanitario al que yo conocía, para iniciar el proceso", indicó Pascale.

En concreto, tal y como ha explicado una profesional sanitaria consultada por este diario, la prestación de la ayuda para morir comienza con una primera petición del enfermo por escrito al médico de cabecera o al facultativo responsable. Este médico habla con la paciente, se valora toda la situación, posibles alternativas terapéuticas y la posibilidad de cuidados paliativos, así como si la paciente está en plenas facultades psicológicas para tomar la decisión, es decir, que no hay "ninguna presión externa para ello". 

La Ley exige una segunda solicitud con al menos 15 días de diferencia respecto a la primera. Si la persona mantiene su decisión, el profesional debe consultar con un segundo facultativo o médico consultor -suele ser un especialista- que también debe entrevistarse con el paciente. Tal y como explica esta facultativa, una vez se obtiene un informe por parta de este médico consultor, si ambos informes coinciden en que la solicitud de eutanasia se ajusta a la Ley, estos deben remitir un informe a la Comisión de Garantías y Evaluación, un órgano clave creado para valorar la solicitud y los informes.

Y no, pese a que muchos piensan que un médico está acostumbrado más que cualquiera a que una vida se apague, como explica esta facultativa, no es así. "Uno no está acostumbrado. En estos casos, lo que haríamos sería tratar de acompañar al paciente, al igual que con cualquier otra patología", explica. "Si una persona viene con una patología y se le manda un tratamiento para que no sufra, con este tipo de casos, si es una enfermedad así, como la de el caso de Granada, en la que la enfermedad la va a acabar matando, lo único que se hace es evitar el sufrimiento", indica. Y tras años de lucha y meses de trámites y papeleó, a Catherine le llegó, por difícil que suene, "su regalo de navidad".

"El sufrimiento era psicológico y físico. Tenía que tener a una persona acompañándola 24 horas al día y veía que si seguía así, tendría que irse a una residencia, eso era a lo que más le temía. Ella era una persona joven, vital, muy culta... Y verse en una residencia, sin poder comunicarse, porque apenas podía hablar, ya que nosotros la entendíamos con dificultad, pero estábamos ya acostumbrados, era para ella mucho sufrimiento", cuenta Pascale, que añade que a ello se sumaba "el miedo de que se pudiera ahogar, por ejemplo, porque es algo que puede pasar con el párkinson". Así que, cuando a las puertas de la Navidad recibió la confirmación por parte de la Comisión de Garantías y Evaluación de que su petición había sido aceptada, después de haberla solicitado en agosto, fue "su regalo de Navidad", como ella bien decía, según relata su amiga.

"Así, aunque sea duro, ha podido elegir irse de manera digna y suave, y aportar su vivencia y pienso que está contenta de que salga esto, porque hace que se de a conocer esta ley y que personas como ella, sin calidad de vida y sin que puedan hacer nada, puedan elegir", dijo Pascale, convencida de que hablar de ello es una forma que honra lo que Catherine hubiera querido. Así, el 13 de enero, en su casa y rodeada de los suyos, tal y como ella eligió, Catherine dijo adiós a su sufrimiento.