El 40% de los hombres españoles demanda servicios de prostitución

Granada fue ayer el epicentro de una denuncia mundial: la abolición de la prostitución y su regulación judicial. Este es un problema más que arraigado en España y que se traduce en una preocupante normalización social de la actividad. Por ello, la Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres junto a la Plataforma de Organizaciones de mujeres (CATW), apostaron ayer por una modificación legislativa que multe a los demandantes de servicios, a sus proxenetas y proteja a las mujeres, las auténticas víctimas de este fenómeno.

La responsable de la Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres, Sara Vicente, denunció que el 40% de los hombres españoles ha demandado en algún momento servicios de prostitución, así como que en España hay 300.000 mujeres que se lucran de esta actividad anualmente. "La crisis contribuye también al aumento, al no generar salidas laborales para las mujeres, aunque no es la principal de las causas. España tenía prostitución antes de la crisis y sigue aumentando porque no se proporcionan políticas que hagan que disminuya", apuntó Vicente.

En las primeras jornadas internaciones sobre Prostitución y Trata de Mujeres celebradas en Granada, las dos organizaciones participantes aprovecharon también el día internacional contra la explotación sexual, para alertar de la falta de regulación legislativa que protege a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y de prostitución está convirtiendo a España en el "burdel europeo". La mayoría de los demandantes que se desplazan a los clubs españoles provienen del viejo continente, convirtiéndose así en el décimo en el ranking mundial de turismo sexual.

"Hasta hace muy poco no era ni siquiera imaginable que la prostitución pudiera ser perseguida y penalizada de una manera eficaz, aunque estuviese recogida en el código penal. En este sentido hemos avanzado en los cuatro últimos años, pero aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto a campañas de concienciación social", explicó Beatriz Sánchez, fiscal delegada de extranjería de Madrid, que recordó que no fue hasta 2010 cuando se reguló la trata de seres humanos como tal en España. "Lo que nos falta son sobre todo los recursos para llevar a efecto la legislación y leyes claras que condenen a los proxenetas", comentó . Los expertos denunciaron asimismo que esta situación haya quedado relegada a un segundo plano en el orden político español. Los profesionales del ámbito jurídico que intervinieron en las ponencias exigieron a las administraciones públicas encaminadas a alcanzar la protección a las mujeres, la prevención de comportamientos de abuso sexual.

"No hay voluntad política en este país para afrontar de una forma decidida, clara y contundente los problemas de la prostitución y de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", reflejó Asunción Miura, representante de la coalición contra el Tráfico de Mujeres en España y de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres.

Los expertos reprocharon además las normativas municipales que penalizan la prostitución y que sancionan a las mujeres en lugar de a sus explotadores, tal y como refleja la actual ordenanza granadina. Miura denunció también la "desidia" política nacional a la hora de realizar campañas de prevención, educación y sensibilización social. "Es necesario un cambio de mentalidad, de cultura en busca de la igualdad, que España es de los países con más demanda del mundo, denota una falta de cultura democrática, pues esta no se entiende sin igualdad".