Los jueces y fiscales españoles, habitualmente divididos entre sí en asociaciones con dispares tendencias y criterios, han unido sus fuerzas ahora para reivindicar una serie de medidas que consideran esenciales para el buen funcionamiento de la justicia, después de una serie de años en los que la crisis económica y los recortes han debilitado mucho el sistema y sus propios derechos laborales.

El documento donde han plasmado sus peticiones al Gobierno, a las Cortes Generales y al Consejo General del Poder Judicial ( su propio órgano ejecutivo) reúne las diferentes sensibilidades de las carreras judicial y fiscal. El refuerzo de su autonomía, la modernización de la justicia y sus propias condiciones profesionales son los asuntos más gravosos y prioritarios que han subrayado en el texto de consenso que fue leído ayer por los principales representantes judiciales en cada ciudad o provincia. Se ha marcado esta fecha como el inicio de una serie de protestas que pueden llegar a la huelga.

Independencia

La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las principales prioridades, de tal modo que este órgano de gobierno de los jueces recupere y mantenga los máximos niveles de competencias y a la vez se garantice la elección de los vocales judiciales por los propios jueces y magistrados. El objetivo perseguido es que el CGPJ pueda "amparar de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial ante cualquier ataque recibido que pueda afectar a su independencia.

El sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales es otra de las preocupaciones. Reclaman la implantación de un sistema objetivo, con procesos "transparentes" y con selección por mayoría cualificada. Del mismo modo, piden que se suprima la designación de magistrados por los parlamentos autonómicos, para evitar las posibles injerencias políticas.

En lo que respecta a los fiscales, cuyas reivindicaciones particulares también se incluyen, el refuerzo de la independencia del Ministerio Público y su autonomía presupuestaria son los puntos esenciales.

modernización

Los recortes y la congelación de nuevos recursos que la administración de justicia ha sufrido durante los años de crisis económica requiere, a juicio de los jueces y fiscales, una batería de inversiones sustanciales y prolongadas en los próximos años. Por ejemplo, la propuesta de crear 300 plazas judiciales nuevas en el actual proyecto de Presupuestos Generales tendría que reproducirse al menos durante los cuatro años siguientes. Esto supondría contar con 1.200 jueces más en menos de un lustro. Consideran urgente crear los órganos judiciales necesarios para atender el incremento de litigiosidad.

Los actuales medios informáticos, en especial los programas, no cumplen la función necesaria para completar el proceso de digitalización. Los jueces se quejan incluso de que ralentizan la justicia, de ahí que reclamen herramientas adecuadas.

En el caso de los fiscales, llegan a exigir en el documento la "paralización de la implantación de la justicia digital" hasta que no se garantice plenamente el buen funcionamiento.

Los jueces y fiscales reclaman medidas concretas para facilitar la lucha contra la corrupción: medios personales y materiales que dependan directamente de ellos, como es el caso de la Policía Judicial, que actualmente depende sus propios mandos.

condiciones profesionales

La recuperación del nivel salarial perdido con la crisis y la modificación del régimen que regula sus descansos y vacaciones (con la mención expresa de los permisos de paternidad) es uno de los principales asuntos que están sobre la mesa. Consideran los jueces que es urgente la implantación de unas cargas máximas de trabajo, que sean fijadas por las propias asociaciones judiciales y fiscales.