Los tres políticos cuyas sospechas de haber participado como inductores en el secuestro de Maracena fueron trasladadas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el aforamiento del diputado Noel López, no podrán estar personados en la causa original del Juzgado de Instrucción de Granada que investiga la detención ilegal de la concejal Vanesa Romero. El juez ha rechazado la petición de éstos, que reclamaban ser parte procesal de esas diligencias. 

En un auto fechado el 14 de junio, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha resuelto no considerar parte procesal de la causa a los tres responsables políticos, como ellos mismos habían pedido en diferentes recursos contra el auto judicial de 25 de mayo pasado, mediante el que el magistrado ordenó remitir testimonio de las actuaciones al TSJA por la acumulación de indicios contra estas personas como supuestos inductores del secuestro. 

El parlamentario y dirigente socialista Noel López, la exalcaldesa de Maracena Berta Linares y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, habían solicitado al juez ser parte procesal de la causa del secuestro porque, a su juicio, "desmembrar ambos procesos provocará el desconocimiento de lo actuado en el proceso origen del seguido ante el TSJA". Por eso solicitan "la permanencia de esta parte en el presente proceso". Y de no ser así, las defensas de los tres políticos piden que el instructor informe a la Sala de "cuantos acontecimientos se vengan produciendo en el presente proceso". 

El juez de instrucción, Josep Sola, rechaza estas alegaciones y aunque entiende su "interés legítimo" en el curso de las actuaciones que él instruye, "tal interés legítimo se estima que no les legitima para mantener su estatus de parte procesal en este procedimiento".  El instructor recuerda que el proceso penal no contempla que puedan formar parte del mismo con una mera finalidad de “observador”. Esa figura procesal no existe en el ordenamiento español.

La causa que sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada solo tiene como investigado al supuesto autor material de los hechos, Pedro G. R. El juez recuerda a los tres políticos que una vez deducido testimonio al TSJA, es este órgano judicial, por competencia, el que debe de tomar decisiones sobre su posible investigación y si es el caso, su personación. 

El juez sí ha aceptado parcialmente las alegaciones, en cuanto a la notificación de cualquier resolución, escrito o actuación procesal referido a otra deducción de testimonio acordada en el mismo auto referido, y que ha dado lugar a la apertura de nuevas diligencias de investigación referidas a una causa de posible corrupción urbanísticas, ya que tienen como base la documentación hallada en el coche de la concejal secuestrada, que eran expedientes urbanísticos de Maracena. 

La situación podría cambiar

Las decisiones de este auto con fecha del 14 de junio podrían cambiar en un futuro inmediato en función de lo que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA decida hacer con el expediente remitido por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada. La Fiscalía Superior se pronunció también el 14 de junio y ha recomendado al TSJA que devuelva el caso al juez de instrucción para que éste continúe con la investigación y tome declaración a dos de los sospechosos de inducir el secuestro, Berta Linares y Antonio García, dado que el juez no puede incluir a Noel López en sus pesquisas, al ser aforado.  

La Fiscalía incluso llega a sugerir los puntos en los que el juez instructor debe continuar sus diligencias, que serían las supuestas reuniones mantenidas entre los políticos y el secuestrador. También propone llevar a cabo un careo. Si los magistrados siguen las indicaciones del Ministerio Fiscal, será el juez quien tenga que tomar las siguientes decisiones sobre los políticos implicados.