Será su segundo juicio en la Audiencia Provincial de Granada. El exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado, la antigua concejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros altos cargos del área municipal volverán a sentarse en el banquillo para ser enjuiciados por delitos relacionados con la reforma urbanística supuestamente ilegal que el Ayuntamiento permitió hacer a un registrador de la propiedad, que es también el sexto acusado en la causa. 

La jueza de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, acaba de firmar el auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde, Nieto, el registrador, Jesús C. E., y tres técnicos de Urbanismo (Emilio M. H., Agustín B. B. y José Luis S. D.) , en la primera pieza del caso Nazarí que avanza hacia su enjuiciamiento en la Audiencia Provincial. Todo ello, a pesar de que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Granada (que es acusación particular en la causa) pidieron el sobreseimiento de esta pieza separada. 

El auto fundamenta este paso de apertura de juicio oral en las peticiones formuladas por otras acusaciones populares como el PSOE o el empresario Ramón Arenas. En relación a sus escritos de acusación remitidos al Juzgado una vez que se cerró la fase de instrucción, la magistrada recoge los cinco delitos imputados: ordenación del territorio, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y asociación ilícita u organización criminal. 

Torres Hurtado, que fue declarado inocente hace pocas semanas en la sentencia del caso Serrallo, podría ir a juicio por los delitos de asociación ilícita y prevaricación común omisiva, un ilícito que en el proceso por la construcción de la discoteca que acaba de terminar fue descartado por el tribunal en su sentencia, al considerar que el exalcalde debía estar al tanto de esas ilegalidades que cometían sus subordinados para poder ser condenado.  

En el caso de Nieto y del alto cargo encargado de las Licencias de Urbanismo, este juicio vendría tras la condena en el caso Serrallo por prevaricación común a siete años de inhabilitación. Ambos, que en este caso serían los principales acusados, podrían enfrentarse a todos los delitos contenidos en el auto. 

La resolución firmada el 3 de agosto de la pieza Registrador sí archiva el procedimiento respecto a otro cargo de Urbanismo que en el caso Nazarí se consideraba una pieza clave de la presunta trama delictiva, que es Manuel Lorente. El sobreseimiento se debe a que ninguna de las partes ha formulado acusación en su contra. 

A partir de este momento, la Fiscalía y el Ayuntamiento tienen la opción de cambiar sus peticiones o mantener la petición de archivo, del mismo modo que las defensas tienen ahora un plazo para enviar sus escritos con los que se establecerán las bases para la apertura del juicio. Contra este auto no cabe recurso. 

El caso del Registrador consiste en una serie de obras que se hicieron en la sede ubicada en el barrio de Pajaritos y que serían ilegales, a juicio de las acusaciones. Éstas consideran que los responsables municipales dieron su consentimiento a sabiendas de esa ilegalidad por las relaciones con el registrador, que también es llevado a juicio en este caso. 

Las acusaciones, como también recoge el auto, reclaman la restitución de la legalidad urbanística en el edificio de la calle Tórtola, que en aquel momento era propiedad de Jesús C. E., titular del Registro de la Propiedad número 6 de Granada. 

La primera resolución que ponía fin a una de las partes de la investigación del caso Nazarí fue relativa a esta pieza, Registrador, que llegó en diciembre de 2019. La jueza decidió incluir a José Torres Hurtado y a otras seis personas entre los procesados (ahora deja fuera a Lorente), al encontrar suficientes indicios para llevarlos a juicio por presunta "organización criminal", además de otros 4 delitos relacionados con favores a un registrador para que construyera una obra irregular.

La Fiscalía se ha pronunciado con un escrito fechado el pasado 30 de junio (previo a la sentencia del Serrallo, contra muchos de los mismos acusados) para pedir el sobreseimiento de la causa, lo que significa que no tiene previsto mantener acusación alguna contra los procesados. 

En el documento remitido al Juzgado, la fiscal Sara Muñoz-Cobo admitía que en las obras de la sede del Registro situado en la calle Tórtola de la capital se cometieron "graves irregularidades", pero considera que son obras "susceptibles de legalización" con el pago de compensaciones y sanciones, de modo que han de ser tratadas en la vía administrativa, mediante "la apertura de un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, si procede, y sancionador, en su caso". En definitiva, la fiscal renuncia a continuar por la vía penal e insta al Ayuntamiento a actuar para restituir las posibles irregularidades. El Consistorio, en este proceso judicial, también ha pedido el archivo.

La fiscal también mencionó en su escrito las acciones civiles que los demás propietarios y posibles perjudicados del edificio donde se instaló el Registro pudieran ejercer contra los responsables de la actuación urbanística y quienes lo permitieron.

Por eso, instaba a la jueza a que, si dictaba el auto de sobreseimiento de esta pieza (cosa que no ha hecho, sino todo lo contrario), deduzca testimonio de particulares y remita el asunto al Ayuntamiento para su posible actuación en vía administrativa. Y pedía que el archivo sea con "reserva de acciones civiles a los posibles perjudicados" para que las puedan ejercitar por una vía judicial diferente al ámbito penal.

La fiscal considera que el auto judicial de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (dictado en diciembre) estuvo ajustado a derecho porque la magistrada halló indicios de delito en la instrucción. Pero ahora, "tras el estudio de la causa", la fiscal "no estima que existan datos suficientes de la perpetración de los delitos de prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio". 

No obstante, sobre la mesa del Juzgado sí había otros escritos de acusaciones populares que sí han pedido la apertura de juicio oral contra los anteriores responsables municipales por delitos como la asociación ilícita, el tráfico de influencias o la prevaricación urbanística. Es la posición del PSOE (aunque deja fuera de este asunto al exalcalde) y del empresario Ramón Arenas. Con estas mimbres, la jueza tendrá que decidir si avanza hacia la apertura de juicio o da carpetazo, como pide la Fiscalía.