El fraude no es sólo cuestión de grandes fortunas y políticos corruptos. A poco que uno indague, le será fácil encontrar conductas fraudulentas en su entorno laboral más cercano, cuando no en el propio. Contratos parciales por jornadas efectivas de ocho horas; parados que compatibilizan la prestación con un trabajo no declarado; autónomos que nunca han pasado por la caja de la Seguridad Social; empleados que no figuran en ninguna nómina oficial... El listado de 'microfraudes' cotidianos -en el sentido de que con ellos nadie se lleva millones de euros al bolsillo- es muy extenso, y en la mayoría de los casos se asimila como normal tanto por los trabajadores como por los empresarios.

Y más todavía en tiempos de crisis. Las complicaciones económicas han hecho que cada vez más granadinos caigan en la tentación de evadir el pago de impuestos o escapar de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Al menos así lo demuestran los últimos datos estadísticos publicados por la Inspección de Trabajo, que en el año 2014 logró recuperar 17,7 millones de euros de cuotas impagadas a la Seguridad Social por empresas o trabajadores autónomos. Esta cifra, derivada de 13.147 actuaciones en las que se detectaron 1.717 infracciones, es un 16,3% superior a la del año anterior, cuando se recuperaron 15,3 millones de euros y se marcó un hito en la lucha contra el fraude. Aunque 2014 no ha sido el año de mayor actividad en este área para los inspectores granadinos -en 2013 se llevaron a cabo 15.248 actuaciones-, sí que ha sido el ejercicio con mayor recaudación de cuotas impagadas de toda la crisis.

Desde que comenzaron los problemas económicos, no ha habido ningún año en 'blanco' en la recuperación de impagos de cuotas sociales atrasadas o incompletas. Según los datos de la Inspección, la lucha contra el fraude durante los últimos ocho años se ha traducido en expedientes liquidatorios por valor de más de 93 millones de euros. Obviamente, esta cifra no es más que la punta del iceberg, y el alcance del fraude, que puede encontrarse en prácticamente todos los sectores, es mucho mayor.

2014 no sólo ha sido un año de récord para la recaudación de dinero impagado a la Seguridad Social. También ha sido el ejercicio en el que la Inspección ha aflorado más empleos sumergidos. El plan específico contra la economía irregular ha sacado a la luz en el último año 1.591 empleos bajo cuerda, de trabajadores que ni siquiera habían sido dados de alta por sus empresas en la Seguridad Social.

La evolución de este tipo de infracciones deja claro que cada vez son más los empresarios que se pasan un lado oscuro y sucumben a la economía sumergida, que representa ya un 32,1% del Producto Interior Bruto (PIB) granadino. Los 1.591 empleos irregulares aflorados por la Inspección de Trabajo en el año 2014 son un 9,5% más que los 1.453 del año anterior, y bastantes más que los que se han sacado a la luz durante los años de crisis previos. En 2007, por ejemplo, la Inspección de Trabajo promovió el alta de solo 525 empleados que trabajaban bajo cuerda; en 2008, apenas fueron 395; y, aunque a partir de entonces comenzó a reforzarse la estrategia contra la economía sumergida, las cifras siguieron siendo comedidas durante los años 2009 y 2010, con 606 y 765 altas promovidas, respectivamente. En 2011 sí que se superó el millar de altas (1.197), y en 2012 se consiguió 'legalizar' a 1.285 trabajadores irregulares.

El balance de la crisis es contundente, más aún a sabiendas de que lo aflorado no es más que una parte de lo que se puede encontrar en el mercado de trabajo granadino: entre 2007 y 2014 la lucha contra el fraude ha destapado 7.817 empleados irregulares, que trabajaban sin cotizar, sin convenio, sin derechos y con nula protección.

La Inspección de Trabajo de Granada ha llevado a cabo bajo el plan contra la economía irregular un total de 10.118 actuaciones, que se han traducido en 973 infracciones y la imposición de multas por valor de casi 3,8 millones de euros. Estas cifras evidencian la preocupación del organismo por un lastre que se hace todavía más pesado en tiempos de crisis. De las 22.480 actuaciones realizadas por los inspectores granadinos, un 45% se han enmarcado dentro del programa contra la economía sumergida.

Las altas de trabajadores bajo cuerda no son las únicas consecuencias de la intervención de los inspectores: también se han detectado 20 infracciones relacionadas con permisos de trabajo para empleados extranjeros; y se ha propuesto la baja de las prestaciones de la Seguridad Social que percibían 323 trabajadores.

En esa línea, además, los inspectores han revisado 3.700 contratos para comprobar el alcance del uso fraudulento de la contratación y han comprobado la correcta percepción de las prestaciones por desempleo en más de 1.080 casos. El resultado de este último capítulo ha sido la detección de 190 infracciones por parte de trabajadores que cobraban el paro cuando no debían hacerlo; y de 140 empresas que también se han beneficiado de este fraude al desempleo, cotizando por sus trabajadores mucho menos de lo que deberían.