La macrocausa de amaños en la Policía Local de Granada podría salpicar a oposiciones en Sevilla, Huelva, Bailén, Valencia y Montefrío

La causa judicial que investiga los supuestos amaños en las oposiciones a Policía Local en los municipios de Granada, Albolote y Algarinejo, que por el número de investigados (43) y su complejidad es ya una macrocausa, tiene perspectivas de ramificarse hacia fuera del territorio granadino, llegando a salpicar a pruebas y exámenes de otras localidades de Andalucía y España. Así se desprende de los últimos oficios policiales y una providencia de la jueza instructora, que aparecen entre las más de 10.000 páginas de esta macrocausa, a las que ha tenido acceso este periódico. La magistrada del juzgado de Instrucción 4 de Granada "no descarta la existencia de nuevos investigados al estar pendiente de análisis dispositivos que podrían vislumbrar la existencia de otro grupo que también realiza amaños". De esta manera, los 43 investigados dentro de las tramas de cada localidad y la decena de delitos que se les imputan podrían ampliarse aún más.

De entre esos dispositivos a analizar destacan los referentes a uno de los subinspectores de la Policía Local de Granada, quien participó en las oposiciones de 2019 para ascender de rango siendo perjudicado en favor de otros, y posteriormente -ya como subinspector- como miembro del tribunal de las oposiciones de 2022. A este agente la Policía Judicial le habría incautado "dos CD's con título exámenes cursos Bailén, Montefrío, Valencia, Sevilla, Huelva", así como un ordenador portátil, dos pendrives, una tarjeta mircoSD y dos tarjetas SIM.

Estos dispositivos fueron incautados el pasado 22 de octubre en un registro domiciliario que se realizó en la vivienda de este subinspector de la Policía Local granadina, que reside en una localidad del Área Metropolitana. Lo incautado se ha enviado a Madrid para ser analizados por la UDEF y por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, para "utilizar y analizar toda la información para la investigación de los presuntos amaños de oposiciones de la Policía Local de Granada que se investigan".

Durante la investigación los agentes han averiguado que esta persona tiene registradas muchas conversaciones con mandos e implicados a través de un dispositivo electrónico para grabar que simulaba un bolígrafo, por lo que pidieron autorización judicial para realizar el registro para la incautación de su ordenador y de todo lo que pudieran encontrar referente a los presuntos amaños. En efecto, los agentes encontraron diveros material informático en aquel registro que hace prever a los investigadores la aparición de una ingente cantidad de información, alguna de ella encriptada, motivo por el que se han remitido a Madrid los dispositivos. La jueza ha autorizado su análisis, aunque con todas las garantías legales una vez levantado el secreto de las actuaciones. El tiempo máximo para el análisis de la información que se obtenga será de tres meses desde que se haga el volcado de la información de estos dispositivos.

El subinspector que lo grababa todo

En las oposiciones de la capital investigadas en las que aparece vinculado este subinspector de la Policía Local como miembro del tribunal. Él sería la clave para conocer si puede haber más personas implicadas, favorecidas y afectadas en los procesos selectivos, a juicio de los investigadores. La Policía destaca en los diferentes informes que este subinspector no era inicialmente miembro de esta supuesta trama de amaños, pero que participó en oposiciones para ascender de 2019 y no lo consiguió, siendo perjudicado. Por eso "se frustró mucho" y recopiló información para denunciar las presuntas ilegalidades desde 2017 en este tipo de procesos de selección, incluyendo en el que él había participado. Aunque esa denuncia no llegó a prosperar, fue clave para que el policía acabara formando parte de este presunto grupo criminal y llegara a intervenir en varios de los tribunales de selección. Al final fue ascendido a subinspector.

La investigación de los amaños, por el momento, se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones, de las cuales dos son del Ayuntamiento de Granada en los años 2019 y 2022, años en los que se produjo la alternancia en el gobierno. Las primeras proceden de la época del bipartido, con el PP controlando la Policía y en las segundas ya estaba el PSOE en la alcaldía. En ambas convocatorias se ofertaban 40 y 32 plazas, respectivamente. Las otras dos son de los ayuntamientos de Algarinejo, en el Poniente, Albolote, en el Área Metropolitana.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada destaca que, con el análisis de la información que pueda existir en esos dispositivos electrónicos incautados "se podrá conseguir concretar quien y como se realizaron las presuntas filtraciones de los exámenes, así como la identidad de los presuntos opositories beneficiados, y descubrir nuevos posibles autores y cómplices en los hechos investigados". "La aparición de evidencias digitales de cualquier otro delito asociado a los mismos pero no incluido deberá ser inmediatamente comunicada para su ratificación y validación judicial", destaca el auto.

De esta manera, el juzgado y los agentes de la Policía Judicial (Udef) no descartan la existencia de nuevos investigados, que se sumarían a los ya existentes, "al estar pendiente de análisis estos otros dispositivos" que podrían dar más luz al caso.

Un segundo grupo criminal implicado

La jueza ya alertaba anteriormente, tras levantarse el secreto de sumario, de "la existencia de otro grupo dentro del Cuerpo de Policía Local de Granada que también realiza amaños en las oposiciones". A su vez, "tampoco se pueden descartar nuevos indicios respecto de los que ya constan como investigados". De esta forma, este subinspector habría podido formar otro grupo diferente para realizar más amaños.

El trabajo de los investigadores se centra ahora en los presuntos amaños en los procesos de selección para cubrir 32 plazas del cuerpo policial en 2022 y en la revisión de las pruebas aportadas por los investigados y también por el Ayuntamiento de Granada. Algunos de los investigados de estas oposiciones coinciden con las de 2019, entre ellos este subinspector que sería el nexo entre el grupo ya investigado y el posible segundo grupo, pero otros no, lo que podría conducir a ese posible grupo diferente que también amañaba.

Según el auto, "el modus operandi utilizado por los dos grupos criminales que existirían era similar, contactando mediante correos electrónicos a través de medios informáticos", e incluso" enviándose archivos con las preguntas y respuestas de los exámenes" o "comentarios sobre a quién van a favorecer en el proceso de selección", llegando a recibir incluso instrucciones sobre como proceder.

Cúpula policial, opositores y funcionarios

En estos cuatro procesos investigados se habría beneficiado a familiares y amigos de los mandos policiales del momento. A lo largo de la causa se han recabado pruebas en la documentación intervenida y conversaciones grabadas a los intervinientes, donde también han resultado claves "la colaboración de uno de los investigados" y "las declaraciones efectuadas por un testigo protegido". "Todo ello ha permitido de forma preliminar concluir la exstencia de un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes a las personas que resultaron beneficiadas".

De los 43 investigados actuales, a la espera de saber si la macrocausa se ampliaría, 20 son mandos de la Policía Local, en los que destaca el anterior jefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, así como subinspectores de la Policía Local, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales del cuerpo, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada. Entre este grupo se encuentran el anterior superintendente jefe de la Policía Local de Granada y el exintendente jefe del mismo cuerpo. Los otros 23 investigados son los beneficiarios del presunto fraude, "muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes del orden", explican desde el TSJA.

La jueza habla en su auto de 40 plazas por un lado y 32 por otro, entre los últimos municipios. En todas ellas, según la investigación, se habrían producido conexiones cruzadas, de modo que policías de un municipio hacían funciones de tribunal en otro. El resultado es que de los opositores que se presentaban a los procesos, la mayoría de los seleccionados eran familiares o allegados directos de otros policías y mandos del cuerpo.

El caso se inició en 2024 a través de las denuncias expresadas por un policía en otra causa judicial. Se inició una investigación que tuvo su momento clave en febrero pasado, con la entrada y registro por parte de la UDEF en las dependencias de la Policía Local de Granada, en la Huerta del Rasillo y en oficinas de Los Mondragones del Ayuntamiento de Granada. Desde entonces la jueza de Instrucción 4 de Granada dictó el secreto de sumario y la policía ha seguido con sus averiguaciones y más registros, para la práctica de las diligencias que la magistrada ha ido ordenando. Destaca como punto clave esa segunda entrada en la Huerta del Rasillo el 4 de julio, de la que los agentes se llevaron material informático de uno de los mandos del cuerpo policial, y del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el edificio administrativo de Mondragones, para reclamar documentación de procesos selectivos de personal policial.

A finales de octubre, la jueza decidió levantar el secreto de un sumario muy extenso, de más de 10.000 páginas al que tienen acceso ahora las partes implicadas, para conocer los detalles de esta investigación, que se ha convertido en una de las más complejas de la historia judicial en Granada. Esta además cuenta con dos piezas separadas que por el momento permanecen secretas.

Se trataría de una docena de delitos, concretamente "prevaricación administrativa, extorsión o coacciones y amenazas, revelación de secretos, abuso de información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude en la contratación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y pertenencia a grupo criminal". Además, la jueza ha acordado pedir a la Policía Judicial (Policía Nacional) que cite en sus dependencias a los 43 investigados para tomarles una declaración, que en todo caso tendrá que ser previa a la citación en sede judicial si se confirma su imputación más adelante. Este paso supone que no se acuerda la detención de los posibles implicados y solo su toma de declaración policial.