Un total de 68 de los 73 procesados por la presunta comisión de delitos de fraude de prestaciones en concurso y de falsedad en documento oficial que iban a ser enjuiciados, dentro de una causa por estafa a la Seguridad Social, desde hoy por la Audiencia Provincial de Granada, han aceptado penas de entre cuatro y seis meses de prisión por estos hechos en el marco de un acuerdo de conformidad entre las partes, incluida la Fiscalía.

En concreto, y según han informado fuentes del caso a Europa Press, aquellos que han devuelto las prestaciones que habían cobrado indebidamente han aceptado penas de cuatro meses, en virtud de un acuerdo ratificado también por Abogacía del Estado, el Servicio Público de Empleo Estatal y Seguridad Social, que conlleva la suspensión de las mismas.

Aquellos que no han reintegrado las cantidades o lo han hecho parcialmente han aceptado, por su parte, seis meses de prisión, y su situación quedará pendiente del abono de la responsabilidad civil para las suspensiones de las penas. Se enfrentaban a peticiones de la Fiscalía de hasta dos años y ocho meses de prisión.

El procesado principal, para el que la Fiscalía ha pedido seis años de prisión y multa de más de un millón de euros, no ha participado en este acuerdo, han informado las mismas fuentes, al igual que otros cuatro procesados (uno de ellos este miércoles en paradero desconocido), contra los que también se habrá de celebrar el juicio. El resto no se tendrá que sentar en el banquillo y quedarán a la espera de la sentencia, que recogerá los términos del citado acuerdo.

En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, constaba que el acusado principal dio de alta en el régimen de autónomos a una empresa con domicilio en Calicasas para "desarrollar supuestamente una actividad que tenía por objeto el cultivo de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas". Con ello habría creado "un sistema permanente y falsario con el exclusivo fin de realizar altas ficticias en la Seguridad Social y con ello obtener un lucro ilícito propio". Así, supuestamente "simuló el desarrollo de una actividad agraria inexistente y logró altas masivas en el sistema de la Seguridad Social por los trabajadores contratados".