"Las viviendas desalojadas de Santa Adela se están convirtiendo en un territorio okupa; hay problemas de higiene y mucho descontrol". Es el testimonio con que uno de los propietarios de una tienda de la calle Poeta Gracián describe los problemas que están sufriendo los vecinos. Las ventas de sus comercios ya se están viendo afectadas "debido a que muchas familias han abandonado la zona" y se está produciendo una importante "caída del consumo". Y es sólo uno de los efectos colaterales del ambicioso proyecto de reforma de Santa Adela que ya vive su cuenta atrás.

Los bloques de la barriada también se encuentran dañados. Hace una semana, como apuntaban Carlos Fernández y José Manuel Castillo, otros dos vecinos de Santa Adela, se produjo un incendio en el interior de uno de la edificios desocupados al que tuvieron que acudir los bomberos para sofocar las llamas.

No es, además, la primera vez que ocurre: a mediados de abril saltó la noticia de que un vecino de la barriada murió carbonizado por la presencia de fuego en su vivienda. La escasa seguridad y la sensación de "tercermundismo" que se respira en Santa Adela son otros de los problemas de los que ayer alertaban los vecinos de la zona.

Por el momento, esta semana ya se están realizando los cortes en el suministro del agua y los desvíos de luz. "Estamos bifurcando el cable telefónico, dejando todo listo para el derrumbe", explicaba a este diario uno de los trabajadores de la empresa Itete. "El proceso va lento, pero ahora parece que se está haciendo algo", apuntaba Rafael Calvache, propietario de uno de los pisos.

Carmen Ariza, portavoz de la Plataforma de Vecinos de Santa Adela, recordaba que parte de la demora en el proceso de demolición se debe a que 37 empresas se presentaron para realizar estas obras y todas ellas han sido revisadas por el Ayuntamiento. Finalmente, el 5 de julio se firmó el contrato con la entidad Dragados, que será la encargada de la tarea de derrumbe.

A finales del año pasado se inició el desalojo de los propietarios de la tercera fase. "Es cierto que se está alargando el proceso más de lo esperado, aunque estas familias reciben un total de 333 euros al mes para poder vivir en otro sitio", apuntaba Ariza. Una vez construidas las 128 pisos protegidos, estos vecinos podrán volver a habitar en la zona. Para vivir en el nuevo edificio, los propietarios deberán abonar un máximo de 7.000 euros. "Esta cantidad varía dependiendo del tiempo con el que se compró la casa, puesto que no será lo mismo quien lo hizo desde el principio, a quien la adquirió posteriormente", matiza Ariza.

La demolición de la tercera fase de Santa Adela será a principios de septiembre y se prevé que tenga una duración de 14 meses. Una de las reformas que ya se han efectuado es el alumbrado, que se ha retirado de las paredes, para la instalación de farolas. Por el momento, la paciencia seguirá siendo la clave para estos vecinos.