Con el invierno a la vuelta de la esquina el drama de los vecinos de Norte y los enganches ilegales vuelve a la actualidad. Vamos Granada solicitó ayer la máxima colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados para mejorar la defensa de los vecinos. Según informó el grupo municipal a través de una nota, el pasado mes de febrero se produjeron al menos 2 operaciones policiales para el desenganche indiscriminado de más de 400 familias en el distrito Norte. Como consecuencia de esta operación "puerta a puerta" se les pidió el DNI a cada vecino que abrió la puerta a la policía y de esta forma se pudieron formular las denuncias.

La portavoz de Vamos Granada, Pilar Rivas, calificó ayer esta situación como inaudita ya que "no se comprobó si el enganche correspondía a esa vivienda y su titular, ni si las personas denunciadas realizaron manipulación alguna, ni si se lo ordenaron o encargaron a otros, existiendo por tanto la posibilidad de que la infracción la cometieran otras personas".

Según Rivas, tanto Industria como el equipo de gobierno municipal se comprometieron a que no se producirían denuncias a quienes regularizaran la situación, "no han cumplido su compromiso" las familias han hecho, sin embargo, un desembolso importante de más de 600 euros de facturas emitidas por Endesa.

La agrupación destaca que Endesa solicita 1.200 euros de indemnización más la sanción que cada juez estime oportuno a cada una de las más de 400 familias denunciadas: "La pasada semana empezaron los juicios y allí nos personamos para acompañar a las familias; en el mes de junio solicitamos al Ayuntamiento el establecimiento de un convenio de Colaboración con el Colegio de Abogados para lograr una defensa especializada y colegiada ya que la falta de acceso a toda esta información de cada abogado puede dejar a las familias en situación de desprotección".

Rivas entiende que existen circunstancias que deben ser tenidas en cuenta en la defensa, como el que la Junta de Andalucía adjudique viviendas cuyo suministro está ya "enganchado"; que ignore sus competencias en materia de organización y promoción de las comunidades de vecinos, imprescindibles para posibilitar la regularización de los suministros o que se ignoren continuamente las demandas y denuncias de los vecinos.