El incidente acaecido en las obras del nuevo hotel Montecarlo, que el pasado jueves obligó al desalojo de viviendas y locales cercanos, además del corte parcial hasta el lunes de la circulación en la Acera del Darro, marcó la incipiente vuelta de la vida municipal al Ayuntamiento. El principal grupo de la oposición, el PP, además de la portavoz de Vamos Granada, mostraron ayer su preocupación por la situación vivida y exigieron, de un lado, el expediente de licencia de obra y los informes técnicos de la misma, y de otro, el estudio de protección de los edificios del conjunto histórico de la ciudad para que no sean demolidos, y menos para la obtención de nuevas plazas de aparcamiento.

Antonio Granados (PP) expresó las diferentes dudas que su partido tiene sobre la actuación municipal para asegurar la estabilidad del terreno sobre el que se asentará el nuevo Montecarlo. "No sabemos si se han respetado los coeficientes de seguridad exigidos en el código técnico de la edificación, o si se habían realizado sondeos geotécnicos", explicó. El concejal del PP, que consultó a expertos en construcción, planteó varias cuestiones como la distancia entre los pilotes que forman la pantalla de contención, si el hormigonado ha servido para rellenar el espacio vaciado de tierra o sobre la propia pared de sujeción, el material usado para asegurar la zona.

Granados se preguntó si se tuvo en cuenta la sobrecarga de tráfico del lugar y si se han colocado elementos de vigilancia para chequear posibles nuevos desplazamientos de tierras. Además, puso el foco en los anclajes, si se colocaron sobre en embovedado o bajo el mismo, lo que podría provocar "a futuro una descompactación del terreno" en caso de haberse situado bajo la bóveda. "Puede ser que estemos ante una situación en la que no se ha respetado el código de edificación, y de una tipología de edificación barata y sin garantías. Por ahorrarse algunos costes se ha puesto en peligro durante más de 48 horas el centro de Granada, por lo que exigimos al PSOE que se adopten las medidas después de lo que ha pasado", indicó Antonio Granados.

Por su parte, la concejal Marta Gutiérrez (Vamos Granada) exigió una revisión en la normativa de demolición de edificios para que esta sea "la última opción" y así cumplir con la Ley de Patrimonio estatal, además de la cuantificación del coste del dispositivo policial y de bomberos para que ese gasto sea asumido por el promotor privado de la obra.

La concejal morada alertó de que "hay que actuar para conservar el conjunto histórico de Granada", declarado como BIC, ya que "la ley prohibe la demolición de cualquier edificio dentro de ese conjunto salvo que contribuya a la conservación general de este". "Nuestros planes de protección deberían decir esto. Está claro que Granada está desapareciendo a ojos vista y está siendo sustituida por una no ciudad que podría estar en cualquier lado. Esto es depende del Ayuntamiento", explicó la edil, que avisó que las nuevas edificaciones en el centro no deberían estar encaminadas a la obtención de nuevas plazas de aparcamiento, por lo que aprovechó para sugerir la "peatonalización" del centro, que incrementaría la calidad de vida de Granada.